“Se entiende que hay ciertas conductas con los niños que no ameritan el delito y que es un mal manejo de la situación en los niños en cuanto a corregirlos, pero no es delictiva la forma en que se manejó la situación”, indica la vista fiscal, según consigna este martes Últimas Noticias. Si bien se toma en cuenta la ley “anti coscorrón”, Pacheco concluye que “el golpe no configura un delito en la medida que no existe una lesión”.
La ley de "Integridad personal de niños, niñas y adolescentes", conocida como anti-coscorrón, fue aprobada en noviembre de 2007 y modificó al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). "Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes", establece. Sin embargo, no prevé sanción penal.
Aunque en este caso las imágenes muestran cómo los niños son "zamarreados" y las funcionarias admitieron que les dieron "cachetazos", el fiscal Pacheco recomendó que el INAU investigue los hechos a nivel administrativo ya que ni las fotos presentadas a la Justicia ni las pericias practicadas a los niños prueban la existencia de lesiones.
La experiencia de la aplicación de la “ley anti-coscorrón” muestra que los jueces suelen disponer el cese de los castigos y alguna medida de apercibimiento, aunque también ha habido casos extremos donde algún padre perdió la tenencia de su hijo.
La jueza penal de 2º Turno, Adriana Graziuso, tiene ahora un plazo de 45 días para expedirse sobre las denuncias en el INAU. No obstante, tanto la jefa departamental Graciela Varela como el director nacional Jorge Ferrando, manifestaron su satisfacción por la postura de la Fiscalía.
Varela dijo ayer a FM Gente que le "tranquiliza" saber que "no existen" los hechos denunciados, mientras Ferrando expresó su satisfacción por el desenlace de una denuncia que "afectó tanto la imagen interna de la institución". Meses atrás, el mismo jerarca había lamentado en FM Gente que el caso hubiera sido divulgado públicamente por dirigentes sindicales de Maldonado.
La ley de "Integridad personal de niños, niñas y adolescentes", conocida como anti-coscorrón, fue aprobada en noviembre de 2007 y modificó al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). "Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes", establece. Sin embargo, no prevé sanción penal.
Aunque en este caso las imágenes muestran cómo los niños son "zamarreados" y las funcionarias admitieron que les dieron "cachetazos", el fiscal Pacheco recomendó que el INAU investigue los hechos a nivel administrativo ya que ni las fotos presentadas a la Justicia ni las pericias practicadas a los niños prueban la existencia de lesiones.
La experiencia de la aplicación de la “ley anti-coscorrón” muestra que los jueces suelen disponer el cese de los castigos y alguna medida de apercibimiento, aunque también ha habido casos extremos donde algún padre perdió la tenencia de su hijo.
La jueza penal de 2º Turno, Adriana Graziuso, tiene ahora un plazo de 45 días para expedirse sobre las denuncias en el INAU. No obstante, tanto la jefa departamental Graciela Varela como el director nacional Jorge Ferrando, manifestaron su satisfacción por la postura de la Fiscalía.
Varela dijo ayer a FM Gente que le "tranquiliza" saber que "no existen" los hechos denunciados, mientras Ferrando expresó su satisfacción por el desenlace de una denuncia que "afectó tanto la imagen interna de la institución". Meses atrás, el mismo jerarca había lamentado en FM Gente que el caso hubiera sido divulgado públicamente por dirigentes sindicales de Maldonado.
