Se trata de unas 20 personas –adultos y niños- que integran cuatro generaciones de familias instaladas en el predio de Yerbal, entre 3 de Febrero y Las Violetas. Desde 2007 están siendo demandados por la Intendencia, que reclama el padrón 5506 ocupado hace más de 50 años, explicó Francisco Sanabria al hablar en nombre de su partido, en la última sesión de la Junta Departamental.
Los vecinos pedirán una prórroga al lanzamiento pero, paralelamente, insisten en que la Intendencia contemple su situación. Sanabria relató que se han entrevistado con los jerarcas “de particular confianza” Fernando Franco y Marilyn Moreira (con injerencia en políticas sociales y vivienda) y que esta última “les sugirió que fueran a residir al refugio” del Mides.
Acto seguido Sanabria acusó al gobierno departamental de querer expulsar a familias que tienen sus “derechos adquiridos” y niños “vulnerables”, mientras por otro lado le compró tierras a una sociedad anónima para regularizar el asentamiento de La Capuera.
“A quienes por más de 50 años, y recalco, por más de 50 años, construyeron sus casas, en el padrón 5506, se los echa a la calle como perros sin mediar ningún tipo de acuerdo”, lamentó, para recordar que incluso algunas familias están inscritas en el “polémico y cuestionado” registro de viviendas de la IDM.
Por todo lo expuesto, el Partido Colorado solicitó la intervención de forma “urgente” de las comisiones la Junta Departamental sobre Vivienda, Asentamientos y Derechos Humanos. También pidió intervención al intendente Óscar de los Santos y a sus jerarcas de Asuntos Legales y e Integración y Desarrollo Social, además del municipio fernandino.
Los vecinos pedirán una prórroga al lanzamiento pero, paralelamente, insisten en que la Intendencia contemple su situación. Sanabria relató que se han entrevistado con los jerarcas “de particular confianza” Fernando Franco y Marilyn Moreira (con injerencia en políticas sociales y vivienda) y que esta última “les sugirió que fueran a residir al refugio” del Mides.
Acto seguido Sanabria acusó al gobierno departamental de querer expulsar a familias que tienen sus “derechos adquiridos” y niños “vulnerables”, mientras por otro lado le compró tierras a una sociedad anónima para regularizar el asentamiento de La Capuera.
“A quienes por más de 50 años, y recalco, por más de 50 años, construyeron sus casas, en el padrón 5506, se los echa a la calle como perros sin mediar ningún tipo de acuerdo”, lamentó, para recordar que incluso algunas familias están inscritas en el “polémico y cuestionado” registro de viviendas de la IDM.
Por todo lo expuesto, el Partido Colorado solicitó la intervención de forma “urgente” de las comisiones la Junta Departamental sobre Vivienda, Asentamientos y Derechos Humanos. También pidió intervención al intendente Óscar de los Santos y a sus jerarcas de Asuntos Legales y e Integración y Desarrollo Social, además del municipio fernandino.
