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En los primeros días del mes de marzo, la jueza penal de 2º turno citará a declarar a Rodolfo Sosa de 23 años, el conductor de la moto en la que viajaba Jennifer Mariño la madrugada del pasado 1º de enero.

La magistrado pretende conocer su versión de los hechos luego que semanas atrás fuera dado de alta por las lesiones experimentadas tras ser embestido por un brasileño que conducía ebrio en pleno Punta del Este.

Asimismo, se procurará ampliar el testimonio de amigos de los dos jóvenes, para determinar fehacientemente si esa noche-madrugada habían consumido alcohol.

En el expediente que se analiza, consta que los motonetistas circulaban sin casco cuando fueron embestidos de atrás por el brasileño, y que Rodolfo Sosa un mes antes había sufrido la pérdida de una vista en un accidente laboral.

Otro elemento que figura en el expediente, es que los jóvenes no fueron arrastrados por la camioneta por casi 5 cuadras, sino que en el sitio del impacto fueron despedidos varios metros con las consecuencias conocidas.

Entre otros elementos que llevaron a la justicia a procesar al turista brasileño de 30 años, por los delitos de homicidio culposo (no doloso) y lesiones graves culpables, es que conducía en estado de ebriedad y no respetó la distancia del bi rodado que circulaba delante.

Las nuevas instancias se llevarán adelante porque la justicia entiende que la responsabilidad de uno de los participantes -en este caso el conductor extranjero-, no exime a la otra parte.

A todo esto, el martes 2 de marzo en un juzgado de paz de Maldonado, habrá una instancia conciliatoria la defensa del brasileño y la familia de la joven fallecida.

En ese ámbito, está planteada por parte de la familia Mariño Sano, una demanda de “reparación patrimonial” por U$S 600.000.

El brasileño en tanto, está cumpliendo prisión domiciliaria por 30 días en un apartamento de Punta del Este, luego de permanecer algunos días en la cárcel de Las Rosas y luego en Cárcel Central, en Montevideo.

Su traslado de Las Rosas, obedeció a razones de seguridad, ya que el hecho de ser extranjero y ser de una condición económica alta, lo llevaron a atravesar algunos inconvenientes.

Cabe destacar que la jueza actuante, doctora Adriana Graziuso, decidió enviarlo a prisión en base a sus criterios para este tipo de casos, a diferencia de lo que resuelve en casos similares el otro juez penal de Maldonado, doctor Gabriel Ohanián.

La defensa del procesado solicitó la libertad plena del imputado, lo que fue acompañado por el fiscal de la causa. Sin embargo, la doctora Graziuso entendió inconveniente tal decisión por lo cual decidió su prisión domiciliaria.