Un total de 24 cámaras empresariales, que representan a unos 260.000 empleadores del país, advierten que este proyecto, que crea un delito, no sólo se aplicará a los patrones del sector de la construcción. Alcanzará a “cualquier persona que cuente con uno o más trabajadores” por contrato zafral, permanente o eventual, remarcan en un comunicado emitido este lunes.
Abarcará, asimismo, “al sector industrial, comercial, servicios, rural, construcción, doméstico, cooperativas, administradores y copropietarios de edificios, almaceneros, artesanos, kioskeros, peluquerías, clubes deportivos etcétera, así como todo prestador de servicios de transporte de personas o de carga, institutos de Enseñanza y de Salud y todo el ámbito público nacional o departamental”, añaden en la nota.
Si bien comparten el objetivo de trabajar para prevenir los accidentes laborales, consideran que el proyecto no cumple con el fin de bajar la siniestralidad. También lamentan que “el proyecto sometido a consideración del Parlamento aún no ha tomado en cuenta en lo más mínimo los aportes y propuestas del sector empleador”.
Por lo expuesto, las cámaras y asociaciones empresariales manifestaron su rechazo al proyecto y se declararon “en sesión permanente” a efectos de “analizar todas las vías que, ajustadas a derecho, correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores de este país”.
El presidente de Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Miguel Corbo, afirmó en FM Gente que “lo más grave es que el proyecto aprobado en Diputados se está penando el peligro, lo cual genera problemas de todo tipo”. Explicó que ese “peligro” se definirá según criterio del juez actuante y expone a los empresarios a permanentes denuncias de los trabajadores.
El empresario opinó que, en la industria de la Construcción, ese tipo de acciones judiciales puede dilatar la concreción de las obras. Por esto adelantó que, si el proyecto es sancionado este lunes, evalúan tomar acciones para derogar la ley.
Abarcará, asimismo, “al sector industrial, comercial, servicios, rural, construcción, doméstico, cooperativas, administradores y copropietarios de edificios, almaceneros, artesanos, kioskeros, peluquerías, clubes deportivos etcétera, así como todo prestador de servicios de transporte de personas o de carga, institutos de Enseñanza y de Salud y todo el ámbito público nacional o departamental”, añaden en la nota.
Si bien comparten el objetivo de trabajar para prevenir los accidentes laborales, consideran que el proyecto no cumple con el fin de bajar la siniestralidad. También lamentan que “el proyecto sometido a consideración del Parlamento aún no ha tomado en cuenta en lo más mínimo los aportes y propuestas del sector empleador”.
Por lo expuesto, las cámaras y asociaciones empresariales manifestaron su rechazo al proyecto y se declararon “en sesión permanente” a efectos de “analizar todas las vías que, ajustadas a derecho, correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores de este país”.
El presidente de Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Miguel Corbo, afirmó en FM Gente que “lo más grave es que el proyecto aprobado en Diputados se está penando el peligro, lo cual genera problemas de todo tipo”. Explicó que ese “peligro” se definirá según criterio del juez actuante y expone a los empresarios a permanentes denuncias de los trabajadores.
El empresario opinó que, en la industria de la Construcción, ese tipo de acciones judiciales puede dilatar la concreción de las obras. Por esto adelantó que, si el proyecto es sancionado este lunes, evalúan tomar acciones para derogar la ley.
