“Esta es una norma que fue considerada como derogada por absolutamente todas las intendencias del país. Nosotros hicimos el planteo anunciándoles que el TCA ha tomado esta postura. El Congreso de Intendentes decidió hacer los estudios a través de sus asesorías jurídicas y luego analizar los pasos a seguir”, dijo Salazar.
La jerarca expresó satisfacción por la recepción que encontró en las demás intendencias que acogieron el tema por unanimidad. “Quedaron todos muy preocupados y nosotros contentos, porque esto fue visto como un problema realmente grave”, agregó.