Los afectados definen como “recurrente” la actitud del propietario del bien y de “beneficiosa pasividad” la del gobierno encargado de hacer cumplir la normativa existente.
Además entienden que se configura el delito de “desacato” por lo que se lleva la situación ante la justicia ordinaria.
El diputado fue intimado por la comuna el 22 de diciembre de 2020, pero continuó la construcción, y por eso el 2 de febrero de 2021 se le denegó el permiso.
El 7 de julio del año pasado recibió la orden de “paralizar de forma inmediata” la obra, bajo apercibimiento de acciones judiciales, y se le multó con un 20% de la contribución inmobiliaria.
Peña le dijo a El Observador que los vecinos “politizan el tema”, que actuó de buena fe, que ya hizo la obra de pluviales y que la obra se excede 53 centímetros, algo que considera está “dentro de la tolerancia”.
Los vecinos que presentaron el escrito sostienen que el diputado presumió a viva voz de su influencia política, y les dijo que este tema “lo arreglaba en la Junta”.
Exigen la demolición del tercer piso de la casa y afirman que la intendencia actúa con desigualdad de criterios, porque ante casos similares hizo denuncias penales.
Ahora será la justicia que analice la situación del legislador que cuenta con los fueros correspondientes.
(Foto: Subrayado)