El doctor Bolani, explicó que la demanda de la firma, es de nulidad pero que, en el fondo busca el resarcimiento económico, aspecto al que hizo referencia la pasada semana, la doctora María del Carmen Salazar.
Allí surge la polémica cifra de los U$S 7, 5 millones que mencionó la directora de Jurídica.
“Es una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para anular un acto administrativo, y que en el marco de esa demanda, se explicita eventuales perjuicios sufridos por la empresa Meltony”, aclaró.
En la demanda, consta en el numeral 20, que “con la previsible secuela de acciones indemnizatorias importantes a las que tendría que hacer frente el gobierno departamental si no revoca la resolución recurrida”. Pero aclaró que en el numeral 26, se indica que “el daño que de ello se deriva para Meltony S.A.”, donde el costo de construcción se estima en U$S 1.000 el metro cuadrado, “y su precio de venta en U$S 3.500 el metro cuadrado, puede calcularse nada menos que en 7 millones 500 mil dólares. Es una demanda anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el inequívoco propósito de iniciar una acción reparatoria ante el gobierno departamental, eso es lo que existe”, remarcó el doctor Bolani.
Redactado: R.A.
Allí surge la polémica cifra de los U$S 7, 5 millones que mencionó la directora de Jurídica.
“Es una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para anular un acto administrativo, y que en el marco de esa demanda, se explicita eventuales perjuicios sufridos por la empresa Meltony”, aclaró.
En la demanda, consta en el numeral 20, que “con la previsible secuela de acciones indemnizatorias importantes a las que tendría que hacer frente el gobierno departamental si no revoca la resolución recurrida”. Pero aclaró que en el numeral 26, se indica que “el daño que de ello se deriva para Meltony S.A.”, donde el costo de construcción se estima en U$S 1.000 el metro cuadrado, “y su precio de venta en U$S 3.500 el metro cuadrado, puede calcularse nada menos que en 7 millones 500 mil dólares. Es una demanda anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el inequívoco propósito de iniciar una acción reparatoria ante el gobierno departamental, eso es lo que existe”, remarcó el doctor Bolani.
Redactado: R.A.
