"Estamos peor que nunca": defensores públicos insisten en salir de la órbita del Poder Judicial

La defensora pública María Elena Maciel aseguró que los defensores de oficio atraviesan "el peor momento" dentro del Poder Judicial e insistió en la necesidad de que la Defensoría Pública pase a funcionar como un organismo descentralizado.

En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, recordó que el reclamo lleva más de una década y señaló que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado en octubre de 2025, por lo que ahora resta su aprobación en la Cámara de Diputados.

"Mis 31 años de estar en el Poder Judicial te puedo decir que no estamos contentos. Por eso nos queremos ir", afirmó.

Maciel explicó que actualmente existen dos artículos que siguen en discusión, vinculados a la forma de designación de los defensores públicos y a la transferencia de bienes del Poder Judicial al nuevo organismo.

Según indicó, la intención es que la Defensoría Pública funcione como un órgano descentralizado, con autonomía presupuestal, similar al modelo de la Fiscalía General de la Nación.

"Al tener un presupuesto propio, exclusivo para la Defensa Pública, tenemos la esperanza de que se nombren cargos y algún día lleguemos al sueldo que nos merecemos", sostuvo.

La defensora señaló que la falta de presupuesto, de personal y el incremento de tareas han deteriorado el funcionamiento del servicio.

"Es un servicio que se ha ido cayendo, cayendo, cayendo, como un barco que ya se hundió. Falta presupuesto, falta personal, cada vez hay más gente, más problemas y rebaja salarial", expresó.

También afirmó que los defensores públicos perciben salarios inferiores a los de los jueces letrados, pese a tener un régimen de dedicación exclusiva que les impide ejercer la profesión de forma particular.

"Para lo que conviene nos equiparan a los jueces, pero para lo que no conviene, no", señaló.

Maciel aseguró que la situación también se refleja en la cantidad de funcionarios disponibles. Indicó que en todo el país hay 317 defensores públicos y sostuvo que ese cuerpo atiende la mayor parte de los asuntos judiciales vinculados a personas que no pueden contratar un abogado.

En Maldonado, ejemplificó que existen cuatro defensores penales para la ciudad, mientras la Fiscalía cuenta con cinco turnos y cada fiscal trabaja con dos fiscales adjuntos.

Además, recordó que cuando llegó a Maldonado en 1999 había seis defensores públicos y un procurador, mientras que en la actualidad hay nueve defensores y un procurador, pese al crecimiento de la población y de las materias que atienden.

La defensora también cuestionó que se incorporen nuevas competencias sin crear cargos.

"Hoy soy defensora del interior y tengo civil, laboral, administrativo, aduanero, faltas y víctimas de delitos. La infraestructura no funciona ahora, va a funcionar con más trabajo judicial imposible", afirmó.

Sostuvo que la Asociación de Defensores Públicos continúa realizando gestiones ante legisladores para que el proyecto avance y reiteró que el objetivo es mejorar el acceso a la justicia para la población y las condiciones de trabajo de quienes integran el servicio.