El exedil del Frente Amplio Gustavo Ripoll puso nuevamente en discusión el régimen de partidas que reciben los integrantes de la Junta Departamental de Montevideo al revelar que durante su período en el Legislativo departamental designó a su esposa y a su hijo para cumplir funciones vinculadas a su actividad política.
Ripoll fue edil entre 2020 y 2025, electo por el Movimiento Verde Ecologista, sector perteneciente al Frente Amplio. Actualmente conduce el programa La noche del búho, que se emite por radio Universal.
Según explicó el propio exlegislador departamental, la decisión estuvo relacionada con el hecho de que los ediles no reciben un sueldo por el ejercicio de su cargo.
“La Junta y las normativas permiten que uno pueda tomar para cargos de secretaría a sus familiares y ahí es cuando ese dinero pasa a ser parte de las arcas del edil”, sostuvo Ripoll.
Ripoll detalló las tareas que, según su versión, realizaban los dos integrantes de su familia contratados durante su gestión.
“Yo contraté a mi señora para que fuera a los barrios, para que trabajara en el territorio. Y su salario entraba en mi casa”, expresó. También indicó que su hijo estaba encargado de la comunicación digital: “Mi hijo manejaba mis redes: Facebook, Instagram, TikTok”.
El exedil defendió la legalidad de esas contrataciones, aunque reconoció que considera inconveniente que los representantes departamentales deban recurrir a ese tipo de mecanismos para obtener ingresos familiares.
“Contratar familiares está permitido y es legal, pero no es lo ideal”, sostuvo.
PLANTEA QUE LOS EDILES DEBERÍAN COBRAR SALARIOS
Ripoll centró buena parte de sus cuestionamientos en el régimen de remuneración de los ediles. A diferencia de otros cargos departamentales, señaló, el edil no percibe un sueldo por ejercer la función.
“El edil debería tener un salario, como lo tienen los alcaldes. Entonces se eliminarían todos estos vericuetos y todos estos rebusques que, según mi criterio, son desprolijos”, manifestó.
Según su relato, desempeñar el cargo durante cinco años también tuvo consecuencias sobre su historia laboral. “Yo perdí cinco años de aportes jubilatorios por haber sido edil”, afirmó, y agregó que el cargo “no genera ingresos” ni aportes al Banco de Previsión Social.
Ripoll sostuvo que esta situación debería revisarse teniendo en cuenta una de las principales responsabilidades institucionales de los ediles: ejercer el contralor sobre la Intendencia.
PARTIDA PARA CONTRATAR PERSONAL
De acuerdo con la información proporcionada, los ediles de Montevideo disponen mensualmente de una partida de secretaría de aproximadamente $262.000.
Tras los descuentos correspondientes, el monto disponible rondaría los $190.000, y habitualmente es destinado a la contratación de personal de apoyo.
El dinero no constituye formalmente un salario del edil. Los representantes deben justificar su utilización mediante la presentación de los correspondientes recibos de pago de las personas contratadas.
Uno de los pasajes más controvertidos de las declaraciones fue aquel en el que Ripoll describió la posibilidad de que existan acuerdos particulares entre un edil y una persona contratada para repartirse parte del dinero asignado.
“El edil puede contratar a un amigo y decirle ‘vamos mitad y mitad’. Si el que recibe el dinero acepta firmar por 50.000 y cobrar 30.000 es un problema de él”, afirmó.
Ripoll calificó esa eventual práctica como “muy rebuscada y desprolija” y volvió a vincularla con la ausencia de una remuneración para los ediles.
No obstante, la afirmación de Ripoll de que un acuerdo de esas características estaría dentro del marco legal corresponde a su propia interpretación. Con la información disponible en el material aportado no es posible establecer que firmar un recibo por una suma superior a la efectivamente percibida sea una práctica admitida por las normas vigentes.
Las declaraciones del exedil colocan el foco sobre dos asuntos diferentes: por un lado, la contratación de familiares con recursos destinados a secretaría y, por otro, el debate acerca de si los ediles deberían comenzar a recibir una remuneración directa por el ejercicio de su función.
Ripoll considera que establecer un salario permitiría eliminar mecanismos que, aun cuando sostiene que algunos están permitidos, él mismo define como poco adecuados.
Sus declaraciones también abren interrogantes sobre los controles aplicados a las partidas de secretaría, la comprobación efectiva de los servicios contratados y las condiciones bajo las cuales se realizan y justifican esos pagos.
(Foto El País)
Ripoll fue edil entre 2020 y 2025, electo por el Movimiento Verde Ecologista, sector perteneciente al Frente Amplio. Actualmente conduce el programa La noche del búho, que se emite por radio Universal.
Según explicó el propio exlegislador departamental, la decisión estuvo relacionada con el hecho de que los ediles no reciben un sueldo por el ejercicio de su cargo.
“La Junta y las normativas permiten que uno pueda tomar para cargos de secretaría a sus familiares y ahí es cuando ese dinero pasa a ser parte de las arcas del edil”, sostuvo Ripoll.
Ripoll detalló las tareas que, según su versión, realizaban los dos integrantes de su familia contratados durante su gestión.
“Yo contraté a mi señora para que fuera a los barrios, para que trabajara en el territorio. Y su salario entraba en mi casa”, expresó. También indicó que su hijo estaba encargado de la comunicación digital: “Mi hijo manejaba mis redes: Facebook, Instagram, TikTok”.
El exedil defendió la legalidad de esas contrataciones, aunque reconoció que considera inconveniente que los representantes departamentales deban recurrir a ese tipo de mecanismos para obtener ingresos familiares.
“Contratar familiares está permitido y es legal, pero no es lo ideal”, sostuvo.
PLANTEA QUE LOS EDILES DEBERÍAN COBRAR SALARIOS
Ripoll centró buena parte de sus cuestionamientos en el régimen de remuneración de los ediles. A diferencia de otros cargos departamentales, señaló, el edil no percibe un sueldo por ejercer la función.
“El edil debería tener un salario, como lo tienen los alcaldes. Entonces se eliminarían todos estos vericuetos y todos estos rebusques que, según mi criterio, son desprolijos”, manifestó.
Según su relato, desempeñar el cargo durante cinco años también tuvo consecuencias sobre su historia laboral. “Yo perdí cinco años de aportes jubilatorios por haber sido edil”, afirmó, y agregó que el cargo “no genera ingresos” ni aportes al Banco de Previsión Social.
Ripoll sostuvo que esta situación debería revisarse teniendo en cuenta una de las principales responsabilidades institucionales de los ediles: ejercer el contralor sobre la Intendencia.
PARTIDA PARA CONTRATAR PERSONAL
De acuerdo con la información proporcionada, los ediles de Montevideo disponen mensualmente de una partida de secretaría de aproximadamente $262.000.
Tras los descuentos correspondientes, el monto disponible rondaría los $190.000, y habitualmente es destinado a la contratación de personal de apoyo.
El dinero no constituye formalmente un salario del edil. Los representantes deben justificar su utilización mediante la presentación de los correspondientes recibos de pago de las personas contratadas.
Uno de los pasajes más controvertidos de las declaraciones fue aquel en el que Ripoll describió la posibilidad de que existan acuerdos particulares entre un edil y una persona contratada para repartirse parte del dinero asignado.
“El edil puede contratar a un amigo y decirle ‘vamos mitad y mitad’. Si el que recibe el dinero acepta firmar por 50.000 y cobrar 30.000 es un problema de él”, afirmó.
Ripoll calificó esa eventual práctica como “muy rebuscada y desprolija” y volvió a vincularla con la ausencia de una remuneración para los ediles.
No obstante, la afirmación de Ripoll de que un acuerdo de esas características estaría dentro del marco legal corresponde a su propia interpretación. Con la información disponible en el material aportado no es posible establecer que firmar un recibo por una suma superior a la efectivamente percibida sea una práctica admitida por las normas vigentes.
Las declaraciones del exedil colocan el foco sobre dos asuntos diferentes: por un lado, la contratación de familiares con recursos destinados a secretaría y, por otro, el debate acerca de si los ediles deberían comenzar a recibir una remuneración directa por el ejercicio de su función.
Ripoll considera que establecer un salario permitiría eliminar mecanismos que, aun cuando sostiene que algunos están permitidos, él mismo define como poco adecuados.
Sus declaraciones también abren interrogantes sobre los controles aplicados a las partidas de secretaría, la comprobación efectiva de los servicios contratados y las condiciones bajo las cuales se realizan y justifican esos pagos.
(Foto El País)
