El edificio fue construido mediante una excepción otorgada por la administración del nacionalista Enrique Antía y generó fuertes discusiones en el ámbito político. Los propietarios pedían utilizar la planta baja para instalar locales comerciales que invadían espacios públicos de acceso a la costa, a cambio de entregar otros terrenos a la comuna.
En 2005, cuando asumió la administración De los Santos y observó que estos planes afectaban espacios públicos, se pidió opinión a la Junta Departamental sobre el punto. Como no hubo acuerdo, el 24 de agosto de ese año la Intendencia revocó la resolución firmada por Antía el 6 de julio anterior.
Los propietarios de Delamar pidieron al TCA la nulidad de ese acto administrativo, con lo cual podrían demandar a la IDM por daños y perjuicios que estimaron en US$ 7 millones. Desde allí se inició un largo proceso que culminó este martes con el fallo emitido por el TCA, favorable a la Intendencia Departamental, según confirmó a FM Gente la directora general de Asuntos Legales, María del Carmen Salazar.
"Resolvimos de manera responsable, para evitar consecuencias graves y en función del interés de la población. Lo que legal y responsablemente se podía hacer era no autorizar la construcción de los locales", enfatizó.
La jerarca remarcó, asimismo, que este proceso fue desarrollado por el equipo de abogados propio de la intendencia, "a diferencia de la administración de Enrique Antía, en la que se suscribían costosos contratos con profesionales de Montevideo que, en muchos casos, perdían los juicios".
En 2005, cuando asumió la administración De los Santos y observó que estos planes afectaban espacios públicos, se pidió opinión a la Junta Departamental sobre el punto. Como no hubo acuerdo, el 24 de agosto de ese año la Intendencia revocó la resolución firmada por Antía el 6 de julio anterior.
Los propietarios de Delamar pidieron al TCA la nulidad de ese acto administrativo, con lo cual podrían demandar a la IDM por daños y perjuicios que estimaron en US$ 7 millones. Desde allí se inició un largo proceso que culminó este martes con el fallo emitido por el TCA, favorable a la Intendencia Departamental, según confirmó a FM Gente la directora general de Asuntos Legales, María del Carmen Salazar.
"Resolvimos de manera responsable, para evitar consecuencias graves y en función del interés de la población. Lo que legal y responsablemente se podía hacer era no autorizar la construcción de los locales", enfatizó.
La jerarca remarcó, asimismo, que este proceso fue desarrollado por el equipo de abogados propio de la intendencia, "a diferencia de la administración de Enrique Antía, en la que se suscribían costosos contratos con profesionales de Montevideo que, en muchos casos, perdían los juicios".
