“¿En serio seguimos pensando que el poder narco no penetró y corrompió a funcionarios públicos de todas las áreas en nuestro país?", planteó el consultor senior en Seguridad; director de The Guardian Group y director fundador del Instituto de Formación en Seguridad, Edward Holfman.
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WhatsAppEste sábado divulgó en su cuenta X que en lo que va del año hay 53 personas con prisión domiciliaria por delitos conectados con la distribución de drogas.
Expuso que 26 de ellas estaban en esa condición por problemas de salud, aunque en 16 casos no estaban explicitadas las razones médicas.
Holfman recordó casos puntuales recientes:
La fuga de Uruguay del narcotraficante israelí Yehoram Alal ("El zar del éxtasis") con captura requerida por Estados Unidos e Israel, por tráfico de éxtasis y cocaína, tráfico de armas y explosivos y complicidad con organización criminal.
El inicio de investigaciones en el puerto de Montevideo con el objetivo de descubrir si la rotura del escáner de tres millones de dólares fue en realidad "un atentado".
También mencionó el caso del pasaporte de Marset, que fue emitido cuando era investigado por el homicidio de un fiscal paraguayo, quien lo había señalado como creador de un cártel uruguayo y lo estaba investigado.
El fiscal de crimen organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado en Colombia y el presidente de ese país, Gustavo Petro, responsabilizó a Marset en su cuenta X.
Otro caso que recordó fue el de González Valencia financista del cartel de los Cuinis y Cartel Jalisco- Nueva Generación que paseaba en un vehículo blindado de la Guardia Republicana y tenía en Cárcel Central muchos privilegios.
Rocco Morabito, líder de la Ndranghetta (mafia calabresa) se fugó por la puerta principal de Cárcel Central.
Señaló también que el cuñado de Sebastián Marset, Sebastián Alberti, estaba en una cárcel de baja seguridad cumpliendo la pena por homicidio cuando se fugó.
Otro caso de público conocimiento que vincula situaciones que beneficiaron a individuo relacionado con la droga apareció en el pasado mes de setiembre.
La Suprema Corte de Justicia solicitó un pedido de informes a la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. María Helena Mainard incluyendo testimonio (copia autenticada) del expediente, en el que se tramitó la solicitud de prisión domiciliaria para Juan Antonio González Bica.
En ese caso se introdujo ante la justicia documentación falsa para inducir en error a la magistrada para que se concretara el beneficio de prisión domiciliaria del sujeto.
Los “temas de salud” y sus “constancias” quedaron en revisión en todo el sistema judicial por la capacidad de fraguar documentos que permitan condiciones “favorables” para que los “narcos” puedan fugarse sin mayores problemas.
Foto: X de Edward Holfman
04 May 2024
08:30
