Franco dijo que a la administración departamental “no le consta” que unas cuatro familias se instalen “cada día o cada semana” en el asentamiento Los Eucaliptus, como afirmó en la pasada jornada la presidente de la comisión barrial en FM Gente. Sin embargo, informó que cada año llegan unas 3.000 personas a radicarse en Maldonado, incluidos inversores y personas que llegan a buscar trabajo y terminan en un asentamiento ilegal.
En cualquier caso, el jerarca abogó por la libertad de las personas para instalarse en el departamento con ánimo de trabajar. “No se puede alambrar el departamento de Maldonado. No podemos ponernos en un planteo de xenofobia departamental porque todos somos uruguayos y tenemos derecho a buscar la mejor solución socioeconómica para nuestra familia”, exhortó.
De todas formas, admitió que “la avalancha es tan grande” que la administración no puede frenar, sin apoyo judicial, a quienes llegan a ocupar terrenos en forma ilegal. “No da para contenerla con los inspectores municipales que notifican y que presentan en la comisaría denuncias por usurpación. Las cosas no prosperan porque la Justicia tiene sus tiempos o por las razones que sea”, indicó.
Dijo que, sin ánimo de poner en tela de juicio los procedimientos, “hay una conmoción social que la justicia no está dispuesta a provocar con el desalojo de 400 familias. Hay que estar en la piel del juez o el fiscal, porque esa gente no se evapora, a algún lado va a ir”. Por eso remarcó que, “en el acierto o en el error, la idea es seguir trabajando para dar las soluciones más accesibles desde la administración a este tipo de situaciones”, como la compra de terrenos para realojar a familias asentadas.
Franco recordó que los asentamientos ilegales son un fenómeno que tiene 40 años en Maldonado, aunque en los últimos años “el crecimiento económico del departamento es un faro donde la gente viene a buscar una solución económica y de estabilidad para la familia”.
“Como todos son uruguayos e incluso para quienes no lo son, la Intendencia busca organizar dentro de los programas y con respeto a las normas, la mejor solución posible”, subrayó. Además, dijo que la comuna tiene “identificados” a quienes han llegado “de vivos” a lucrar con las ocupaciones ilegales, vendiendo predios ajenos por hasta 30 mil pesos. A esos, dijo, no los alcanzarán las soluciones habitacionales que aporte la administración departamental.
En cualquier caso, el jerarca abogó por la libertad de las personas para instalarse en el departamento con ánimo de trabajar. “No se puede alambrar el departamento de Maldonado. No podemos ponernos en un planteo de xenofobia departamental porque todos somos uruguayos y tenemos derecho a buscar la mejor solución socioeconómica para nuestra familia”, exhortó.
De todas formas, admitió que “la avalancha es tan grande” que la administración no puede frenar, sin apoyo judicial, a quienes llegan a ocupar terrenos en forma ilegal. “No da para contenerla con los inspectores municipales que notifican y que presentan en la comisaría denuncias por usurpación. Las cosas no prosperan porque la Justicia tiene sus tiempos o por las razones que sea”, indicó.
Dijo que, sin ánimo de poner en tela de juicio los procedimientos, “hay una conmoción social que la justicia no está dispuesta a provocar con el desalojo de 400 familias. Hay que estar en la piel del juez o el fiscal, porque esa gente no se evapora, a algún lado va a ir”. Por eso remarcó que, “en el acierto o en el error, la idea es seguir trabajando para dar las soluciones más accesibles desde la administración a este tipo de situaciones”, como la compra de terrenos para realojar a familias asentadas.
Franco recordó que los asentamientos ilegales son un fenómeno que tiene 40 años en Maldonado, aunque en los últimos años “el crecimiento económico del departamento es un faro donde la gente viene a buscar una solución económica y de estabilidad para la familia”.
“Como todos son uruguayos e incluso para quienes no lo son, la Intendencia busca organizar dentro de los programas y con respeto a las normas, la mejor solución posible”, subrayó. Además, dijo que la comuna tiene “identificados” a quienes han llegado “de vivos” a lucrar con las ocupaciones ilegales, vendiendo predios ajenos por hasta 30 mil pesos. A esos, dijo, no los alcanzarán las soluciones habitacionales que aporte la administración departamental.
