La intimación fue resuelta en un expediente administrativo y equivale a unos US$ 140.000 al cambio de la fecha. Empero, la firma propietaria de los padrones interpuso un recurso administrativo contra la decisión de la Intendencia de cobrarle los costos que insumió el retiro de los escombros y otros elementos empleados para rellenar esa parte de la laguna.
Por el contrario, el intendente Enrique Antía dispuso, el 28 de noviembre pasado, rechazar el recurso interpuesto por la propietaria de ambos predios. Esto implica que la empresa continuará su reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) con el objeto de anular algunos aspectos reclamados por el litigante.
En todo momento la administración sostiene que sus pasos permitieron sanear, con el apoyo de la Justicia, los daños provocados por la construcción del terraplén.
Ahora el propietario de ambos predios tiene un plazo de diez días, que corre a partir de la notificación de la resolución.
Fuente y foto: El País.