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La jerarca explicó que la propuesta fue planteada desde su dirección a la de Jurídica, “como forma de tener un acceso más rápido y fácil a información de personas que obtuvieron su vivienda de interés social y la han cedido o vendido, lucrando con un bien público”.

Moreira explicó que cuando se va a adjudicar una vivienda se cruza información con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para saber si esa persona ya tiene viviendas de este tipo en otra parte del país. Así se han detectado varios casos en Maldonado y ahora estas personas en infracción se irán sumando al registro departamental.

Tal registro funcionará en la órbita de la Dirección General de Integración y Desarrollo Social, y también incluirá a personas que vendieron propiedades en barrios que están siendo regularizados a través del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

“Quien tuvo la oportunidad y no lo aprovechó y además lucró no podrá aspirar a ningún otro plan de acceso a la vivienda”, enfatizó Moreira, quien por otra parte advirtió que la comuna no reconocerá a quienes compraron esos inmuebles.

Si bien suelen ser personas “estafadas” porque no saben que no se puede negociar una vivienda pública, “la intendencia no puede reconocer que entre dos particulares hayan hecho un negocio con la vivienda de interés social”.

En resumen, el registro estará constituido por quienes infrinjan las prohibiciones legales vigentes en cuanto a la enajenación y/o cesión a cualquier título de viviendas sin autorización, o cualquier otro incumplimiento que determine el cese del derecho a la vivienda, cuya actuación será coordinada con el registro dependiente del Mvtoma.