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El caso tomó notoriedad a partir de una decisión de la Intendencia de Maldonado de clausurar el Convention Center Arcobaleno, por una deuda de contribución inmobiliaria que fuentes vinculadas al caso estimaron en unos 14,5 millones de pesos (unos 683 mil dólares).

Lussich adelantó que en la próxima sesión de la Junta Departamental presentará una interpretación genérica al decreto departamental de 1990 en el que la Intendencia de Maldonado se basó para cerrar el Convention Center.

El fundamento del decreto es que el deudor de la intendencia es el propietario del bien, nunca el inquilino.

PACÍFICAMENTE

Lussich dijo que este decreto “se ha venido aplicando durante más de 20 años pacíficamente en relación a los propietarios del inmueble que son los que están obligados por el impuesto de la contribución inmobiliaria”.

“La intendencia cambia de criterio y ahora lo pretende aplicar, por ejemplo en este caso, al inquilino del local comercial que no está obligado a pagar el impuesto a la contribución inmobiliaria; o sea, le están poniendo una carga al inquilino, al empresario, que no le corresponde”, explicó.

Afirmó que es “por eso (que) estamos presentando un proyecto de carácter general de interpretación de la norma de 1990 que indica que sólo se debe requerir el pago de la contribución inmobiliaria a los propietarios que son los que realmente están obligados a ese pago”.

“El impuesto de contribución inmobiliaria es un impuesto de naturaleza real, o sea, se basa sobre la propiedad, no sobre las personas, por lo cual el inquilino, al cual ya se le había otorgado habilitación higiénica, e incluso se le había cobrado la de 2013, se le sorprende porque no tiene por qué saber si el propietario paga o no la contribución inmobiliaria”, amplió.

Advirtió que se podría dar “el caso de que una persona tiene un local, en ese momento se encuentra al día con la contribución, la intendencia le otorga la habilitación higiénica, al otro año el propietario no paga la contribución, y la intendencia va y lo clausura generando daños a terceros”.

“Realmente parece tirado de los pelos, es la primera vez que la intendencia aplica este criterio, no conocemos ningún otro caso, y por lo tanto creemos que la junta debe intervenir y debe aclarar el tema en carácter general”, sostuvo.

LOS OTROS RIESGOS IMPLÍCITOS

Lussich se mostró sorprendido de que en Maldonado “las gremiales empresariales no estén atentas a este tema, porque si la intendencia continúa con este criterio va a generar un montón de perjuicios a los empresarios de la zona”.

“Estamos en un momento muy delicado con la situación del trabajo, del empleo, con las dificultades que hay y si la intendencia se pone a clausurar comercios dejando a más gente en la calle no parece lo más adecuado”, razonó.

Insistió que desconoce si esto se aplicó en los pasados 22 años en otros casos. Convention Center Arcobaleno es propiedad de Ferretti Sudamericana S.A., la que lo alquiló al ex intendente por Soriano y ex senador por el Partido Nacional, Gustavo Lapaz Correa, quien actualmente dirige Altos Proyectos S.A.

Lussich descartó que se haya utilizado este modo de proceder como un intento de persecución política en el departamento, pero desllizó que “lo que sí nos llama la atención con referencia al señor Lapaz Correa es la actitud del intendente” Oscar de los Santos.

“No creo que sea de estilo, porque por más que se debe atender a todos los contribuyentes y ciudadanos de la misma manera, por un tema de cortesía si se lo llama al intendente y se le pide una audiencia creo que es de estilo que se lo atienda y no que se le conteste que lo que figura en el expediente es a lo que se tiene que atener; hubo una falta de cortesía nada más; no creo que se trate de un caso de persecución política”, opinó.

Cuando se le consultó si Lapaz Correa había pedido una entrevista a De los Santos y este se negó a recibirlo, Lussich lo confirmó con tres sí consecutivos. “Creo que ahí hubo un poquito de falta de cortesía”, redondeó finalmente.