La iniciativa fue encomendada al senador nacionalista Carlos Camy por el Congreso Nacional de Alianza País, realizado a fines de julio. El legislador adelantó que solicitará una reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con el objetivo de plantear formalmente la propuesta y abrir una discusión que, según sostiene, debería mantenerse alejada de las próximas instancias electorales. “Vamos a hablar sin texto, con el concepto”, señaló Camy al explicar el objetivo de la primera reunión, según publica La Diaria en un reportaje al citado senador.
UNA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL
Actualmente, el artículo 11 de la Constitución establece que el hogar es “un sagrado inviolable” y determina que durante la noche nadie puede ingresar a una vivienda sin consentimiento de su titular. Por esa razón, la única forma de habilitar los allanamientos nocturnos sería mediante una reforma constitucional, que posteriormente debería ser sometida a consideración de la ciudadanía.
El planteo del Partido Nacional apunta a incorporar al texto constitucional la posibilidad de realizar allanamientos durante la noche bajo las mismas condiciones que rigen para los allanamientos diurnos: una orden expresa del juez competente.
UNA PROPUESTA QUE YA FUE LLEVADA A LAS URNAS
El tema no es nuevo para el nacionalismo. En 2019, el entonces senador Jorge Larrañaga incluyó la habilitación de los allanamientos nocturnos entre las propuestas de la campaña “Vivir sin miedo”. El plebiscito no alcanzó los votos necesarios: la opción por el Sí obtuvo aproximadamente 47%.
La iniciativa volvió a ser impulsada en las elecciones nacionales de octubre de 2024, esta vez únicamente referida a los allanamientos nocturnos. En esa oportunidad obtuvo el respaldo de 39% del electorado. Ahora, dos años después de aquella consulta, Alianza País pretende volver a abrir el debate.
UN PRONUNCIAMIENTO POPULAR SE LEVANTA CON OTRO"
El senador Javier García, líder de Alianza País, planteó en el congreso del sector que la discusión debe retornar al escenario público. “Un pronunciamiento popular se levanta con otro pronunciamiento popular”, afirmó.
La propuesta consiste en incorporar el allanamiento nocturno al artículo 11 de la Constitución y mantener la exigencia de una orden judicial, de modo que el ingreso a una vivienda durante la noche no quede librado a la discrecionalidad policial.
Para Camy, el momento elegido es importante. El senador entiende que la discusión debería producirse lejos de una elección para evitar que el debate quede condicionado por intereses partidarios o electorales.
SEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO
Uno de los principales argumentos de los impulsores está relacionado con la evolución del delito y, particularmente, con el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
Camy sostiene que una parte significativa de los homicidios está vinculada a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y considera que las organizaciones criminales pueden utilizar la actual prohibición constitucional como una ventaja.
Desde esa perspectiva, habilitar los allanamientos durante la noche sería una herramienta adicional para las investigaciones vinculadas con drogas, crimen organizado y otros delitos complejos.
El senador, sin embargo, aclaró que la propuesta no pretende presentarse como una solución definitiva contra el narcotráfico. “Es una de las herramientas que debemos tener en la caja para el combate al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de blancas”, sostuvo. Según su razonamiento, la seguridad requiere una combinación de medidas policiales, judiciales, sociales y legales y no puede depender de una única herramienta.
URUGUAY QUEDÓ REZAGADO
Otro de los fundamentos utilizados por Camy es de carácter histórico y comparativo. El senador sostiene que Uruguay mantiene una disposición constitucional que se remonta a 1830, cuando la ausencia de electricidad y las condiciones de seguridad de aquella época justificaban una protección especial del hogar durante la noche.
Según su planteo, la evolución tecnológica y las transformaciones de las sociedades llevaron a que otros países modificaran disposiciones similares, mientras Uruguay mantuvo prácticamente intacto el texto original. Por eso considera necesario analizar si la Constitución debe adecuarse a las circunstancias actuales.
Camy también recordó que durante los últimos 20 años dirigentes políticos de diferentes partidos, expresidentes, exministros del Interior, referentes policiales y constitucionalistas se pronunciaron en algún momento a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. En ese sentido, mencionó especialmente a la fiscal de Corte subrogante **Mónica Ferrero**, quien recientemente defendió públicamente la utilidad del instrumento en el Parlamento.
El senador también recordó que el exfiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, había expresado en 2019 que Uruguay era el único país de la región que mantenía este tipo de prohibición.
LA DISCUSIÓN SOBRE VOLVER A CONSULTAR A LA CIUDADANÍA
Uno de los principales obstáculos políticos para el nuevo planteo es que los uruguayos ya se pronunciaron sobre el tema. La propuesta fue sometida a plebiscito en 2019 y nuevamente en 2024, sin conseguir la mayoría necesaria. Desde sectores de la oposición se ha cuestionado la posibilidad de volver a consultar a la ciudadanía sobre asuntos que ya fueron rechazados en las urnas.
Camy responde que la democracia permite modificar las decisiones anteriores si la sociedad cambia de opinión. Para el senador, no existe una contradicción en volver a someter una iniciativa a consideración popular después de algunos años, porque las mayorías pueden cambiar.
El objetivo, insiste, es que la eventual nueva consulta se produzca a partir de un debate serio y sin la presión propia de una campaña electoral.
FUERA DE LAS ELECCIONES
El mecanismo constitucional que evalúa el Partido Nacional es el previsto en el literal D del artículo 331 de la Constitución. Según explicó Camy, esta vía requiere una mayoría especialmente elevada en el Parlamento y permite establecer de antemano la fecha del plebiscito.
La intención es que el proceso pueda desarrollarse durante el actual período de gobierno y no quedar postergado hasta las elecciones de 2029. Para los nacionalistas, la discusión debe darse ahora, con tiempo para analizar las consecuencias jurídicas, policiales y sociales de la medida.
La propuesta promete reabrir uno de los debates más sensibles de la política uruguaya en materia de seguridad. Mientras sus impulsores sostienen que el país necesita contar con todas las herramientas disponibles para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sus detractores cuestionan la eficacia concreta de los allanamientos nocturnos y advierten sobre la necesidad de preservar las garantías constitucionales.
El desafío para el Partido Nacional será ahora transformar la iniciativa en una discusión política que consiga respaldo fuera de sus propias filas.
Camy comenzará esa tarea con el Poder Ejecutivo y posteriormente buscará conversar con los demás partidos.
El objetivo declarado es generar un debate técnico, sin condicionamientos electorales, sobre una norma que durante casi dos siglos ha protegido de manera especialmente estricta la inviolabilidad del hogar durante la noche.
La discusión vuelve así al centro de la agenda de seguridad y abre una pregunta que deberá responder la política uruguaya: ¿debe mantenerse intacta una prohibición constitucional de 1830 o ha llegado el momento de adaptarla a la realidad del delito y la tecnología del siglo XXI?
UNA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL
Actualmente, el artículo 11 de la Constitución establece que el hogar es “un sagrado inviolable” y determina que durante la noche nadie puede ingresar a una vivienda sin consentimiento de su titular. Por esa razón, la única forma de habilitar los allanamientos nocturnos sería mediante una reforma constitucional, que posteriormente debería ser sometida a consideración de la ciudadanía.
El planteo del Partido Nacional apunta a incorporar al texto constitucional la posibilidad de realizar allanamientos durante la noche bajo las mismas condiciones que rigen para los allanamientos diurnos: una orden expresa del juez competente.
UNA PROPUESTA QUE YA FUE LLEVADA A LAS URNAS
El tema no es nuevo para el nacionalismo. En 2019, el entonces senador Jorge Larrañaga incluyó la habilitación de los allanamientos nocturnos entre las propuestas de la campaña “Vivir sin miedo”. El plebiscito no alcanzó los votos necesarios: la opción por el Sí obtuvo aproximadamente 47%.
La iniciativa volvió a ser impulsada en las elecciones nacionales de octubre de 2024, esta vez únicamente referida a los allanamientos nocturnos. En esa oportunidad obtuvo el respaldo de 39% del electorado. Ahora, dos años después de aquella consulta, Alianza País pretende volver a abrir el debate.
UN PRONUNCIAMIENTO POPULAR SE LEVANTA CON OTRO"
El senador Javier García, líder de Alianza País, planteó en el congreso del sector que la discusión debe retornar al escenario público. “Un pronunciamiento popular se levanta con otro pronunciamiento popular”, afirmó.
La propuesta consiste en incorporar el allanamiento nocturno al artículo 11 de la Constitución y mantener la exigencia de una orden judicial, de modo que el ingreso a una vivienda durante la noche no quede librado a la discrecionalidad policial.
Para Camy, el momento elegido es importante. El senador entiende que la discusión debería producirse lejos de una elección para evitar que el debate quede condicionado por intereses partidarios o electorales.
SEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO
Uno de los principales argumentos de los impulsores está relacionado con la evolución del delito y, particularmente, con el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
Camy sostiene que una parte significativa de los homicidios está vinculada a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y considera que las organizaciones criminales pueden utilizar la actual prohibición constitucional como una ventaja.
Desde esa perspectiva, habilitar los allanamientos durante la noche sería una herramienta adicional para las investigaciones vinculadas con drogas, crimen organizado y otros delitos complejos.
El senador, sin embargo, aclaró que la propuesta no pretende presentarse como una solución definitiva contra el narcotráfico. “Es una de las herramientas que debemos tener en la caja para el combate al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de blancas”, sostuvo. Según su razonamiento, la seguridad requiere una combinación de medidas policiales, judiciales, sociales y legales y no puede depender de una única herramienta.
URUGUAY QUEDÓ REZAGADO
Otro de los fundamentos utilizados por Camy es de carácter histórico y comparativo. El senador sostiene que Uruguay mantiene una disposición constitucional que se remonta a 1830, cuando la ausencia de electricidad y las condiciones de seguridad de aquella época justificaban una protección especial del hogar durante la noche.
Según su planteo, la evolución tecnológica y las transformaciones de las sociedades llevaron a que otros países modificaran disposiciones similares, mientras Uruguay mantuvo prácticamente intacto el texto original. Por eso considera necesario analizar si la Constitución debe adecuarse a las circunstancias actuales.
Camy también recordó que durante los últimos 20 años dirigentes políticos de diferentes partidos, expresidentes, exministros del Interior, referentes policiales y constitucionalistas se pronunciaron en algún momento a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. En ese sentido, mencionó especialmente a la fiscal de Corte subrogante **Mónica Ferrero**, quien recientemente defendió públicamente la utilidad del instrumento en el Parlamento.
El senador también recordó que el exfiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, había expresado en 2019 que Uruguay era el único país de la región que mantenía este tipo de prohibición.
LA DISCUSIÓN SOBRE VOLVER A CONSULTAR A LA CIUDADANÍA
Uno de los principales obstáculos políticos para el nuevo planteo es que los uruguayos ya se pronunciaron sobre el tema. La propuesta fue sometida a plebiscito en 2019 y nuevamente en 2024, sin conseguir la mayoría necesaria. Desde sectores de la oposición se ha cuestionado la posibilidad de volver a consultar a la ciudadanía sobre asuntos que ya fueron rechazados en las urnas.
Camy responde que la democracia permite modificar las decisiones anteriores si la sociedad cambia de opinión. Para el senador, no existe una contradicción en volver a someter una iniciativa a consideración popular después de algunos años, porque las mayorías pueden cambiar.
El objetivo, insiste, es que la eventual nueva consulta se produzca a partir de un debate serio y sin la presión propia de una campaña electoral.
FUERA DE LAS ELECCIONES
El mecanismo constitucional que evalúa el Partido Nacional es el previsto en el literal D del artículo 331 de la Constitución. Según explicó Camy, esta vía requiere una mayoría especialmente elevada en el Parlamento y permite establecer de antemano la fecha del plebiscito.
La intención es que el proceso pueda desarrollarse durante el actual período de gobierno y no quedar postergado hasta las elecciones de 2029. Para los nacionalistas, la discusión debe darse ahora, con tiempo para analizar las consecuencias jurídicas, policiales y sociales de la medida.
La propuesta promete reabrir uno de los debates más sensibles de la política uruguaya en materia de seguridad. Mientras sus impulsores sostienen que el país necesita contar con todas las herramientas disponibles para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sus detractores cuestionan la eficacia concreta de los allanamientos nocturnos y advierten sobre la necesidad de preservar las garantías constitucionales.
El desafío para el Partido Nacional será ahora transformar la iniciativa en una discusión política que consiga respaldo fuera de sus propias filas.
Camy comenzará esa tarea con el Poder Ejecutivo y posteriormente buscará conversar con los demás partidos.
El objetivo declarado es generar un debate técnico, sin condicionamientos electorales, sobre una norma que durante casi dos siglos ha protegido de manera especialmente estricta la inviolabilidad del hogar durante la noche.
La discusión vuelve así al centro de la agenda de seguridad y abre una pregunta que deberá responder la política uruguaya: ¿debe mantenerse intacta una prohibición constitucional de 1830 o ha llegado el momento de adaptarla a la realidad del delito y la tecnología del siglo XXI?
