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Pereyra dijo que, a raíz de los cambios que regirán desde el 1° de abril para las transacciones de inmuebles y vehículos, en el marco de la ley de inclusión financiera, la Asociación de Escribanos viene trabajando “desde hace mucho, mano a mano, con el gobierno, tanto con el equipo económico como con el Parlamento”.

Tras mantener una entrevista con las autoridades de esta Asociación, señaló que en todos este proceso, y no ahora, la entidad ha vertido argumentos “muy duros” contra esta norma. “Y le pasó lo mismo que a nosotros”, que tras numerosas reuniones para colaborar, el equipo económico “les dijo que no hay marcha atrás. Nos lo dijo la presidente de la Asociación de Escribanos, que les comunicaron que no va a haber modificaciones. Por eso se pasó de una proclama el jueves a una marcha el lunes, porque los están llevando de la mano y esto entra a regir el 1°”, agregó.

Manifestó que cada vez que se plantean las objeciones a esta ley, se argumenta desde el gobierno que “esto es político, como si no pudiéramos discutir lo que está pasando”, recordó que desde 2007 o 2008, cuando se hablaba recién la de la iniciativa, “ya salió a pedir reuniones de Cámara de Comercio”, que tras la decisión del Poder Ejecutivo de seguir adelante con su plan “marca que se opone pero se corre”.

“Después aparecemos nosotros” y también “el gobierno nos dice que no hay marcha atrás” y nosotros argumentamos que la salida es preguntar a la ciudadanía. “Nosotros estamos pidiendo firmas. Tenemos un plebiscito. Lo que estamos pidiendo es que discuta a nivel nacional por parte del sistema político y los uruguayos votemos qué queremos. Lo cual es sano porque va a obligar a leer la ley y que el ciudadano se informó qué es lo que le va a pasar… Y no que espere que le pase”, consideró.

“Yo no le veo a esto ningún problema, como alguno le ve… Creo que tienen miedo que los uruguayos nos informemos”, añadió.

También apuntó que se maneja que las gremiales “somos operadores políticos de la oposición. Y hemos tenido las mismas discusiones con actores políticos de la oposición, y citó el caso de la senadora nacionalista Verónica Alonso y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente. “la discusión siempre fue del mismo penos. Estamos defendiendo la posición del comerciante, como debemos hacerlo por nuestros estatutos”, manifestó.

Pereyra dijo que esos dos legisladores, junto con el senador colorado Pedro Bordaberry, se reunieron con miembros del equipo económico “porque esto se arreglaba con el dialogo”, pero apuntó que “nunca consiguieron nada”. Agregó que los escribanos tampoco consiguieron resultados. Dijo que lo único que se ha logrado hasta ahora “es que sacaron a los jubilados de la inclusión financiera”, lo que se modificó “cuando salimos con el plebiscito”.

Al intentar una explicación sobre por qué sucede esto, señaló que la situación económica del país “está complicada. Uruguay se ha endeudado como nunca. La deuda bruta en relación al PBI es de dos tercios. En 2011 era de un tercio. Este equipo económico, que promueve la inclusión financiera, ha administrado muy mal los dineros públicos. Y todos sabemos lo qué pasa cuando uno hace mal los deberes, desde el punto de vista administrativo… Los organismos internacionales hacen con uno lo que quieren”, aseveró. Y sostuvo que cada uruguayo, incluso el que está naciendo hoy, ya “debe 7.500 dólares más intereses”.

Por otra parte, informó que ya cuenta con “100 mil firmas entregadas” para plebiscitar esta ley. “Necesitamos 260 mil y quedamos con el Corte Electoral, para no complicar, de entregarlas en diciembre”, sostuvo.

Admitió que se ha llegado “a menos de la mitad” de las adhesiones requeridas, pero dijo que hay entidades que no han querido apoyar, aún, porque siguen en diálogo con el gobierno, como es el caso de CAMBADU. También indicó que, en el país, “tenemos un sistema político bastante dormido” y se está viendo “poca acción”. Afirmó que, “acá, hay que despertarse”.