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Nilsa Caramés, miembro de la Coordinadora por Verdad y Justicia, señaló este mediodía a FM Gente que en la primera jornada se radicarán unas 20 denuncias y no descartó que se presenten más “situaciones totalmente irregulares” en próximas jornadas.

A modo de ejemplo, dijo que hubo “procesados por la Justicia Militar por poseer un libro o por recibir un posible material o diario”. “Hay desde delitos muy graves hasta otros no tan graves”, sostuvo, aunque no soslayó que es difícil determinar “la medida del sufrimiento de una persona cuando sus derechos son avasallados”.

Por eso la coordinadora exhorta a quienes hayan sido “avasallados” en sus derechos “por el terrorismo de Estado durante la dictadura Cívico-Militar que soportó nuestro país” a denunciar “los graves delitos cometidos por el Estado Uruguayo”.

En tanto, la Mesa Intersindical recuerda que muchos militantes sindicales fueron “objeto de persecución, represión y abusos por parte del estado durante ese período”.

“Hasta ahora han sido numerosas las denuncias por desaparición o muerte. No fue así con las denuncias por los crímenes y abusos realizados por integrantes del Estado y particulares en las operaciones de aquellas épocas o en los centros de detención (…)que dejaron enormes traumas en grandes sectores de la población, lo cual hace que aún hoy sea muy díficil de recuperar y denunciar”, señala.

“El movimiento sindical cuenta en sus filas muchas víctimas de esos tiempos. Por tanto el PIT CNT Maldonado convoca a todos los uruguayos que fueron víctimas o testigos a colaborar e integrarse a esta campaña”, agrega la mesa en un comunicado de prensa.

CONCENTRACIÓN Y CAMINATA

Con este fin se organizó una concentración para este jueves 27, a partir de la hora 17, en la Plaza San Fernando. Desde allí partirán hacia la seccional 1ª de Policía –ubicada al otro lado de la plaza- para presentar “la primera de una serie de denuncias de delitos aún impunes”.

La “ocupación indebida de propiedad privada (montaje de ratoneras); usurpación indebida de propiedad (allanamientos ilegales); secuestro (detenciones sin mediar ningún papeleo policial o judicial); desaparición (retener detenidos); persecución y acoso; robo y destrucción de bienes y o propiedades” integran la lista de los delitos a denunciar.

También figuran: “torturas (golpes, malos tratos, amenazas, picana, plantón, encapuchamiento, caballete, colgadas, submarino, estaqueamiento, simulacro de fusilamiento, violaciones, vejaciones y humillaciones sexuales, utilización de drogas); prohibición ilegítima de libertad; no asistencia médica; privación de agua o alimentos con el objeto de generar padecimiento; haber presenciado (visto u oído) tormentos proferidos a otras personas desconocidas o familiares, en algunos casos agravados por ser las víctimas menores de edad en el momento de haberse cometido”.

LA PROPUESTA

La idea es que cada ciudadano pueda denunciar “un acto delictivo del que tenga o haya tenido conocimiento, convicción suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción”, señalan los organizadores.

Agregan que la proporción de personas afectadas por crímenes en el marco del Terrorismo de Estado es muy inferior a la cantidad de denuncias presentadas, probablemente porque “la impunidad” desestimula al derecho de presentar querella”.

Por tanto, la acción de denuncia masiva promueve que “las víctimas de estos delitos, o sus familiares y compañeros, en el caso de que a estas personas no le sea posible, denuncien los crímenes padecidos, antes del 1º de noviembre”.

Los organizadores también remarcan que los casos no deben haber sido denunciados previamente; y que la Policía tiene la obligación de tomar la denuncia realizada en cualquier comisaría de cualquier lugar del país (incluso si es anónimo, Ley de procedimiento policial).