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Este miércoles en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 11° Turno de Maldonado, se llevó adelante la instancia judicial con la intervención del fiscal letrado de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe y la Defensa, el doctor Jorge Napoleone y la doctora María Virginia Martínez Martusciello.

Se estableció que surgieron elementos de convicción respecto a los hechos ocurridos desde el 27 de junio de 1973 hasta el año 1985, donde “en el departamento de Maldonado la represión tuvo lugar en el Batallón de Ingeniería N°4”, dice el documento.

“En dicho lugar permanecían encapuchados, maniatados, incomunicados y sometidos durante días e incluso meses a diversos apremios físicos, como plantón, golpiza, submarino, picana eléctrica, colgamientos y caballete, entre otros, los que acompañaban los extensos interrogatorios”.

Añade que “se les limitó la alimentación, el agua y el acceso al baño para realizar sus necesidades básicas, en una clara violación de los derechos humanos con el único fin de que estos admitiesen su participación o vinculación a organizaciones o partidos políticos prohibidos por la dictadura”.

La sentencia señala que en el período comprendido entre 1975 y 1985, el doctor Braga era quien se encargaba de revisar a los reclusos, realizando valoraciones médicas de rutina respecto al ingreso o traslado de un detenido, como así también los controles durante la reclusión en el batallón “teniendo pleno conocimiento de los aberrantes apremios a los cuales los detenidos eran sometidos”.

Se exponen relatos de los denunciantes que afirman que según la valoración del médico los apremios seguían o eran suspendidos.

Jorge Walter Calvete, uno de los detenidos en ese entonces, declaró que luego de sufrir un desmayo debido a las torturas fue visto por el doctor Braga: “me escuchó con un estetoscopio y dijo que estaba bien. Él no me revisó el cuerpo y si hubiera querido ver mis tobillos estaban totalmente inflamados por las horas de detención parado y por las patadas, tengo hasta hoy los vasos linfáticos de mis piernas destrozados”.

Marta Casas Gamboa dijo que Braga “controlaba las torturas” y declaró que volvió a reencontrarse con él cuando fue a realizarse el carnet de salud a la Intendencia (estuvo activo como médico al menos hasta el año 2011, época en la que examinaba personas en la oficina de la Intendencia que expide las libretas de conducir) y que ambos se reconocieron, “me dijo que él solo había obedecido órdenes”.

Pablo Pérez González, otro denunciante, declaró que “estábamos muy mal por las sesiones de tortura y palos y nos hicieron revisar por ese médico Braga. A los pocos días casi nos matan de vuelta”. Y respondió que era revisado “para ver si podían seguir dándome”.
Washington González declaró que había pedido un médico y escuchó que Braga “decía dale que aguanta, refiriéndose a la tortura que estábamos recibiendo”.

El documento expone varios relatos más y señala que “existen elementos de convicción suficiente para imputarle al encausado” reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. Establece que cooperó en el período de consumación de los mismos ya que se encargaba del control médico e informaba sobre el estado de salud con la finalidad de “continuar o no con los sometimientos físicos, según corrieran o no riesgo la vida”.

La jueza a cargo de la resolución, Sylvana García, también convocó a una audiencia “a las partes y a la señora Marta Casas Gamboa” prevista para el próximo 20 de setiembre.