Se precisó que “se rematan créditos que están a nombre de un promotor (NELORI S.A.) y que integran los fideicomisos VII, X y XI administrados por la ANV” y que “aquellas familias que cuentan con promesas inscriptas a su nombre o compromisos registrados se regularizan refinanciando los saldos adeudados”.
También se apuntó que “las viviendas que están a nombre de la empresa NELORI S.A. (que quebró) se deben rematar para recuperar los créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay para la construcción y sanear la situación legal”.
“El primer remate, realizado el pasado 12 de julio, se impidió por parte de algunos asistentes que no dejaron que el remate se realizara con normalidad y la vivienda se remató por la base (USD 20.000)”, se informó.
“Antes del segundo remate el Directorio de la ANV por unanimidad definió que ejercería la defensa del crédito, ofrecer hasta donde la ley habilita a hacerlo, 90% del valor de tasación del inmueble (artículo 89 de la ley nº 5.343 en redacción dada por el art. 369 de la ley n° 19.149). El funcionario actuante, siguiendo la directiva de las autoridades, defendió el interés del patrimonio de todos. Se actuó correctamente, impidiendo que se pierda dinero que es de todos. El funcionario de la ANV no oferta para sí sino en representación de la ANV y lo que se busca es defender la base mínima del crédito otorgado, lo que el Estado invirtió al otorgar ese dinero”, añadió la nota oficial.
Destacó que “los actuales ocupantes de estas viviendas no lo están en forma legítima frente al BHU o la ANV y por lo tanto no existen registros de pago significando esto que el Estado se ha privado de contar con esos recursos que son de toda la sociedad”.
“En el caso concreto, también se cumplió el fin social, ya que quien compró fue la familia que habitaba la vivienda desde hace 20 años, pudiéndose a partir de ahora legalizar la tenencia, con financiación de la ANV”, se subrayó.
También se apuntó que “las viviendas que están a nombre de la empresa NELORI S.A. (que quebró) se deben rematar para recuperar los créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay para la construcción y sanear la situación legal”.
“El primer remate, realizado el pasado 12 de julio, se impidió por parte de algunos asistentes que no dejaron que el remate se realizara con normalidad y la vivienda se remató por la base (USD 20.000)”, se informó.
“Antes del segundo remate el Directorio de la ANV por unanimidad definió que ejercería la defensa del crédito, ofrecer hasta donde la ley habilita a hacerlo, 90% del valor de tasación del inmueble (artículo 89 de la ley nº 5.343 en redacción dada por el art. 369 de la ley n° 19.149). El funcionario actuante, siguiendo la directiva de las autoridades, defendió el interés del patrimonio de todos. Se actuó correctamente, impidiendo que se pierda dinero que es de todos. El funcionario de la ANV no oferta para sí sino en representación de la ANV y lo que se busca es defender la base mínima del crédito otorgado, lo que el Estado invirtió al otorgar ese dinero”, añadió la nota oficial.
Destacó que “los actuales ocupantes de estas viviendas no lo están en forma legítima frente al BHU o la ANV y por lo tanto no existen registros de pago significando esto que el Estado se ha privado de contar con esos recursos que son de toda la sociedad”.
“En el caso concreto, también se cumplió el fin social, ya que quien compró fue la familia que habitaba la vivienda desde hace 20 años, pudiéndose a partir de ahora legalizar la tenencia, con financiación de la ANV”, se subrayó.
