Según Zumarán, esta sentencia confirma la denuncia presentada por varios ediles nacionalistas en 2005 en cuanto a que "este contrato era inconveniente desde el punto de vista económico para nuestro departamento e ilegal”.
“La ilegalidad, el Tribunal de lo Contencioso la confirma, ya que la intendencia violó el principio de igualdad al no llamar a licitación”, agregó Zumarán. La edila sostuvo que se violaron “los procedimientos de contratación al no pedir la certificación del Tribunal de Cuentas, y es ilegal por no pedir la anuencia de la Junta Departamental”.
La denuncia nacionalista contra la Intendencia de Maldoando había sido archivada por el juez actuante. No obstante, a su ingreso a la sede penal la doctora Adriana Graziuso resolvió mantener abierta esta causa. A ésta es que se sumará, según anuncian los nacionalistas, el dictamen del TCA.
“La ilegalidad, el Tribunal de lo Contencioso la confirma, ya que la intendencia violó el principio de igualdad al no llamar a licitación”, agregó Zumarán. La edila sostuvo que se violaron “los procedimientos de contratación al no pedir la certificación del Tribunal de Cuentas, y es ilegal por no pedir la anuencia de la Junta Departamental”.
La denuncia nacionalista contra la Intendencia de Maldoando había sido archivada por el juez actuante. No obstante, a su ingreso a la sede penal la doctora Adriana Graziuso resolvió mantener abierta esta causa. A ésta es que se sumará, según anuncian los nacionalistas, el dictamen del TCA.
