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Una de las denuncias se relaciona con la exoneración de deudas y moras a propietarios de terrenos del asentamiento La Capuera sin que existiera norma que lo amparara. Además, en este caso fueron emitidos certificados de libre deuda departamental cuando en los hechos había deudas.

Otra de las denuncias se relaciona con una factura "trucha" de 200 mil dólares emitida por una firma del rubro electricidad por un trabajo realizado por otra empresa.

La tercera apunta a supuestas irregularidades en la administración de las terminales de ómnibus del departamento de Maldonado. Se indicó que no existe documentación que demuestre el destino de millonarias sumas percibidas tanto por los alquileres a los locales comerciales como por el dinero pagado por cada pasajero cada vez que subía a un ómnibus del servicio interdepartamental en alguna de las terminales.

Antía dijo que otra denuncia, referida a Procentro, será presentada en los próximos días en un juzgado penal de la ciudad de Maldonado.

En tanto, señaló que además se tramitan ocho investigaciones administrativas que buscan establecer si jerarcas del gobierno del Frente Amplio de Maldonado cometieron hechos irregulares en su condición de funcionarios públicos.

Los referidos hechos de apariencia delictiva ocurrieron, según la denuncia, durante la administración frenteamplista encabezada por el actual diputado Óscar de los Santos y la exintendente Susana Hernández.

Las denuncias fueron presentadas por el abogado Enrique Moller en representación de la administración del intendente Enrique Antía, del Partido Nacional. Las mismas son el resultado de la auditoría efectuada por la empresa Phoenix Auditores Limitada. El trabajo de la consultora consistió en llevar adelante auditorías sobre los aspectos legales, contables, financieros, patrimoniales, operativos y de gestión en la Intendencia de Maldonado durante el período 2010-2015.

Antía dijo que “hay tres denuncias ya prontas, presentadas, en función de la información abundante que la auditoría nos ha proporcionado”, que las va a seguir el abogado externo “porque no podemos quedarnos empantanados en los juzgados, cuando hay tantas cosas para hacer”.

“Y hay otra (denuncia) para realizar en los próximos días, en Maldonado, vinculada al tema de Procentro. Falta alguna información del área de Hacienda, de las transferencias hechas… A partir de la auditoría, que nos entregó el informe hace 15 días, tenemos que investigar un poco más. Pero ya está la definición de Jurídica de la Intendencia de llevar delante de llevar el caso a la justicia penal”, destacó.

“Y hay ocho investigaciones administrativas que podrán derivar en una denuncia o no. Hay que profundizar, hay que investigar”, agregó.

El jefe comunal aportó información sobre diversos hechos en lo que la auditoría detectó presuntas irregularidades.

Entre ellos citó el caso de Fuecys. Dijo que “se le donó… No estaba apta para hacer la tarea que se le encomendó, de barrido y limpieza en Maldonado, algo de Piriápolis y Pan de Azúcar… Y se le donó en el período de 10 años una cifra de 12 millones de dólares… No había rendición de cuentas de nada. Una donación modal. No se emitieron facturas, algo por fuera totalmente de la contratación del Estado. No hay planillas de personal, no hay información, no sabemos si se pagó a la seguridad social”, explicó. Señaló que ahora la Intendencia tiene reclamos de funcionarios por más de 17 millones de pesos.

Además, mencionó casos de “desviaciones de fondos” enviados por la Agencia Nacional de Viviendas y por el gobierno, para la obra de la perimetral, algo que “es grave en la administración pública”.

Por otra parte, señaló que “se le donó una plaza a un instituto para hacer una obra, se adelantó plata, se venció el plazo de dos años del comodato y no se había hecho nada. Ahora estamos haciendo trámites para la rescisión del comodato. Eso fue al instituto Cuesta Duarte. La habían dado 68 mil dólares. Vamos a hacer una demanda para recuperar esa plata”, adelantó.

Sostuvo que “hay toda una serie de elementos que hacen que tengamos que hacer denuncias a investigaciones administrativas para ordenar la casa, para corregir los procedimientos… Esto no es normal en una administración pública”, enfatizó.

“Estoy sereno. Sabemos que nos toca un momento bien difícil. Sabemos que tenemos que ordenar la casa y el esfuerzo tiene que ser de todos los días. Maldonado no puede seguir en este casi que ‘relajo’ administrativo. Para mí es la confirmación de lo que veíamos, intuíamos. Pero esto es un informe técnico serio, irrebatible, que va a ser comunicado también al Tribunal de Cuentas, que ya había alertado situaciones irregulares, hablaba de posibles ilegalidades, sobre procedimientos incorrectos. Y la insistencia de seguir en la misma línea da la sensación de que no se fue consciente de la importancia gestionar con probidad y con honestidad los recursos del Estado. Nos les importó nada”.

Antía dijo que estivo “en silencio mucho tiempo. Estábamos esperando los resultados de la auditoria. La gente de Maldonado nos preguntaba… Creo que a partir de las investigaciones administrativas van a empezara a aparecer más informaciones y se nos va a ir aclarando el panorama general de toda la intendencia”.


(en la sección Documentos de esta web se puede acceder al informe final de la auditoría)