Miembros de la Asociación de Videoclubes y Afines del Uruguay, denunciaron a J.P. ante la policía, lo que promovió diversas actuaciones policiales, una de ellas consistente en la detención del denunciado.
Otro de los trámites de la investigación policial para confirmar que se podía estar ante un delito, fue obtener la venia judicial para allanar la casa de J.P., donde para los funcionarios policiales actantes la existencia de una computadora en la que el denunciado hacía las copias ilegales de las películas, se convirtió en otra prueba de que estaban ante la comisión de un delito.
Fueron al local de la feria donde J.P. vendía las películas, y encontraron 318 copias ilegales de películas diversas, las que pasaron a convertirse en evidencia judicial a partir de ese mismo momento.
Se llevaron la computadora de la casa de J.P. y decidieron ponerlo ante un representante de la Justicia, el que con la información suministrada por la policía determinó que el acusado sí había incurrido en un de piratería, pero que no por eso debía ser privado de su libertad. J.P. se quedó con su libertad en esta Navidad 2012, pero sin sus copias ilegales de películas, ni su computadora. Y sabe que ahora lo tienen registrado.