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Pablo Pérez (PP) -Incorporamos un tema fundamental, que está en la ley de Ordenamiento Territorial, que es el retorno por mayor valor. Eso quiere decir que cuando intervenimos en el territorio generamos, independientemente de la norma que se apruebe, beneficios para determinados ciudadanos. Eso es objetivo. Porque acá en Punta del Este y en Maldonado nadie puede pensar que desde Solís a José Ignacio hay personas que se dedican a invertir, a tener tierras a tratar de presentar proyectos y todo lo demás. Ya está establecido eso, porque es una zona potencialmente desarrollable.
Entonces, cuando nosotros intervenimos en el territorio y modificamos la ordenanza generamos siempre un beneficio para quienes están habitando esa zona. Por lo tanto, lo que se exige por parte de la ley, ahora, es un retorno por mayor valor. Esto quiere decir que si yo tengo una tierra y la vendo, la vendo más cara o saco un valor mayor de la tierra porque se me posibilita hoy realizar proyectos que antes no era posible. Es decir: si yo hoy hago un edificio de cuatro pisos y mañana puedo hacer 17, eso es un beneficio. La sociedad toda se beneficia en eso cobrándole al inversor un retorno por mayor valor: esa persona que tuvo el beneficio tiene la obligación, por lo menos, de retribuir a la sociedad con parte de su beneficio. No quiere decir que todos reciban beneficios, porque esto es el capitalismo. La gente compra y vende para poder ganar y cada uno hace su negocio. Lo que estamos tratando de hacer es, dentro de las posibilidades que nos brinda la ley –y por algo está eso en la ley- es obligar a la persona que recibe el beneficio a dar un retorno. Yo puedo comprar tierras sin calles, saneamiento, energía eléctrica o agua potable, ni alumbrado público, ni transporte colectivo, ni escuela, ni comisaría ni hospital... antes la fraccionaban y la vendían. Ahora para fraccionar una tierra y venderla tiene que tener todos es servicios. Es la obligación. Nadie va a venir a comprar un terreno que no sea habitable para una familia de trabajadores o para una familia de turistas.
Creo que en este caso, lo que tenemos que discutir y lo que el Partido Nacional no puede revertir, ni puede rechazar ni puede discutir es sobre el ordenamiento territorial. De eso no discute, entonces desvía la atención y hablan de un terreno de una cosa y de la otra. Hablan de un aspecto puntual de una ordenanza que, vamos a entendernos, tiene que ser discutible. Lo que ellos no quieren discutir y están diciendo que es inconstitucional contra la ley de Ordenamiento Territorial y en Maldonado, específicamente, que hay un tratamiento del tema que dio como resultado un cuerpo de ideas establecidas por escrito que es el Ordenamiento Territorial del departamento. Que no lo hizo el intendente De los Santos sino los talleres territoriales y con la academia, por lo tanto no es rebatir al “Flaco” de los Santos sino rebatir a quienes participaron en esa actividad. Discutamos de eso.

ALEXIS CADIMAR (AC) -Esta Ordenanza indudablemente tiene áreas en las cuales presentaba modificaciones, relacionadas con el factor volumétrico. El intendente dijo que pretendía frenar algunos aspectos de esta ordenanza y afirmó que no quiere altura libre. Esto generó una interna en el Frente Amplio, diferencias de ediles con la postura del intendente.

PP- La diferencia se da específicamente en un fragmento de la Playa Mansa. Creo necesario aclarar que las ordenanzas que fueron puestas a consideración ahora, en las cuales hay acuerdo en La Pastora, Lobos Roosevelt, porque fue consultado con todas las fuerzas sociales, dentro incluso de la Junta Departamental. El desacuerdo surgió específicamente en la playa mansa. Aquí se había acordado que entre la parada 5 y la 8 y entre la Parada 16 y la 19, a los efectos de uniformizar un poco el territorio, había que tratar de establecer un criterio que permitiera dar una visualización que cumpliera con el objetivo de regularizar las zonas que habían quedado en situación de contradicción total.

AC- Se trata de igualar, ¿no?

PP- Claro. Se busca llegar a una altura uniforme. Lo que el intendente y los técnicos de la Universidad de la República plantearon es que la Mansa debe ser objeto de un estudio especial. El tema de la Playa Mansa no es igual al de otras zonas, porque ya hay edificaciones en altura y porque ya hay alertas de técnicos y medio ambientalistas de que no es conveniente abusar del territorio con construcciones en altura. Para regularizar esta situación el intendente planteó la posibilidad de acordar una altura máxima de 45 a 54 metros. Eso es lo que está en discusión. Los compañeros han planteado que no hay problema con que se vaya a 35 pisos porque con el factor volumétrico que se plantea el edificio se afina –para hablar en términos criollos- y los espacios libres son mayores. Pero en mi opinión, los compañeros no tienen en cuenta que no es un problema de que los edificios sean más finos o con más espacios libres, es un problema de caracterización del espacio y de las consecuencias posteriores que esto pueda traer. Hay una recomendación expresa de que es deseable y preferible que no se construya en altura en esa zona.

AC- Se dice que si la Mansa no tiene una ordenanza igual que el resto del departamento, quedaría expuesta a las excepciones.

PP- Pero justamente este gobierno está tratando de anular el resto de las excepciones. No queremos más excepciones. Entonces cuando decimos Punta del Este en la península, la Playa Mansa y la ciudad de Maldonado deben ser objeto de un estudio más pormenorizado y profundo, que se está haciendo. Entonces, creo que acá la cosa es sencilla: uno de los aspectos más planteados por la Universidad de la República es tener en cuenta la altura en esa zona específica, no se trata de un capricho. Acá estamos hablando de un Ordenamiento Territorial y no se aplican los mismos criterios para todo el territorio. En el departamento hay zonas muy delicadas que tenemos que cuidar muchísimo por las experiencias internacionales que hay.

AC- En diciembre había un acuerdo sobre varias zonas y no estaba la Playa Mansa en la propuesta del Ejecutivo. Luego se incorporó la Playa Mansa en un acuerdo de la reunión de gobierno que hubo en Punta del Este. ¿En qué momento se producen las discrepancias?

PP- La Playa Mansa se incorporó tras un planteo de los compañeros, con un criterio volumétrico sugerido desde el punto de vista técnico. Cuando los técnicos empezaron a aplicar el criterio, se dieron cuenta de que la altura se iba. Es un tema técnico y ahí fue donde el intendente llamó a los ediles para decirles que se había aprobado un criterio pero que, aplicado técnicamente al territorio, la altura se dispara en determinados lugares. Y ese no era el objetivo, por lo cual se propuso recomponer los acuerdos para recomponer ese criterio limitado a algunas zonas. Uno en principio puede estar de acuerdo, pero cuando se aplica técnicamente puede dar un resultado no deseado. No hay ningún drama con eso.

AC- Los ediles consultados manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo. Pero, ¿el ejecutivo intenta imponer sus criterios? ¿Está marcando la cancha?

PP- No, el ejecutivo no está imponiendo nada. Lo que hizo fue mandar un mensaje y en el transcurso del debate se incorporaron esos elementos. Creo que es exactamente a la inversa.

AC- ¿Es la bancada la que trata de imponerse?

PP- No, tampoco creo que no se trata de que imponga uno u otro. No está planteado de esa manera. Creo que son visiones diferentes que existen sobre un mismo problema, que no es sencillo. Pero, repito, por parte del Ejecutivo hay una línea de trabajo establecida que es la base sobre la cual se estructura todo el planteo. Para que la gente entienda, dejando de lado todas las suspicacias y los intentos de enrarecer el clima, tenemos que hablar del método de las excepciones. Para no tener que darlas, hicimos todo este proceso. No estamos de acuerdo con que se dé ningún tipo de permiso especial. Justamente, peleamos para que no lo haya. Para que nada dependa del poder político.

AC- ¿Por donde pasa la solución?

PP- Ahora la solución está en el debate y la negociación. El Ejecutivo ha sido absolutamente abierto y está preocupado en tratar el tema de la Playa Mansa, que inicialmente no estaba previsto incorporar. Quiero dejar bien claro que el fondo de esta cuestión y lo que está en discusión no es sencillamente la cantidad de pisos. Porque el Partido Nacional, cuando habla del tema, evita y omite hablar sobre el tema del Ordenamiento Territorial. Esa es la base. Lo que le podemos decir a la población de Maldonado, como conquista de este gobierno y como un paso gigantesco hacia la proyección del departamento para el futuro, es que por primera vez logramos un ordenamiento territorial unificado, con participación de todos los actores sociales y la academia para desarrollar el territorio con un determinado criterio. Pero este no será el único debate, habrá muchos, porque si no lo hubiera quiere decir que la transformación no sería importante. Es algo que la gente tiene que incorporar como un método de trabajo que eliminará la intervención del poder político en el ordenamiento del territorio simplemente por la voluntad del gobierno de turno. Ahora habrá normas y se va regir todo según esas normas. En este caso trataremos de demostrar que no es lo mismo construir un edificio de 17 o de 20 pisos, que construir 32 en determinadas zonas del departamento. La Mansa es una zona sensible. Es cierto que hay edificios que están mal y otros que están bien, pero ahora se trata de ver hacia el futuro. Y potenciar lo que tenemos de bueno y no incurrir en errores que puedan ser irreparables. Ahí está planteado el problema.

La crisis internacional nos ha permitido prepararnos para ver cómo evitamos que los trabajadores queden sin trabajo. Acá en Maldonado, por imperio de las circunstancias y de la vida, ha sido un departamento que vivió de crisis en crisis. Todo el que quiso escuchar a De los Santos en la campaña electoral durante estos tres años recordará que recomendó prepararnos para evitar que el boom de la construcción termine y caigamos en vertical y nos quedemos sin laburo y nos quedemos sin consolidar el departamento. Pero no se lo dijo solo a la gente, se lo dijo a los inversionistas en Buenos Aires, San Pablo y Europa. Les advirtió que debían invertir en políticas sociales para evitar exclusión y desempleo. Cuando vino la crisis internacional, De los Santos ya estaba preparando esa posibilidad. Por eso esto del Ordenamiento Territorial, las ordenanzas, permitiendo que el inversionista llegara acá y tuviera seguridad política. Hace dos años que están las ordenanzas en la Junta Departamental.
Además de la virtud de este gobierno, de haber previsto el ordenamiento territorial, de haber actuado en ese sentido para preservar la riqueza del departamento, tuvo otra virtud: preparó al departamento y está en condiciones hoy de discutir la posibilidad de brindarle a la población ofertas de determinado tipo que permiten que los inversionistas sigan llegando. Es decir, el Uruguay sigue siendo un lugar atractivo para las inversiones. Si los traemos para Maldonado depende de nosotros. Entonces, veamos el conjunto del planteo. No creamos que la discusión de la parada 16 y la 19, entre los 18 pisos y los 32 es el centro. Son aspectos importantes, delicados, que merecen nuestra observación, el debate, la atención de los compañeros, las posiciones todas respetables que se manejan, pero veamos el conjunto. Veamos que este departamento ha sido objeto de una conducción política, económico y social que nos permite estar discutiendo este tipo de cosas.