La jueza especializada en Crimen Organizado Diovanet Olivera hizo lugar en las últimas horas al pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por Sandra Fleitas, y formalizó la investigación contra la profesional, informó El País.
La escribana fue imputada por asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y estafa en calidad de coautora. La imputación supone el inicio del proceso penal y no una condena.
La investigación intenta reconstruir una estructura que habría identificado terrenos cuyos propietarios, principalmente argentinos, habían fallecido o permanecían largos períodos fuera de Uruguay.
UN PODER CON LA FIRMA DE UN ESCRIBANO FALLLECIDO
El punto de partida de la maniobra investigada, como lo informó en su momento FM GENTE, es un poder presuntamente falsificado que permitía realizar compraventas en representación de terceras personas.
Según la Fiscalía, para confeccionar ese documento se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano que había fallecido y que no expedía poderes desde la década de 1980. Con esa documentación, los integrantes de la organización podían presentarse como representantes de los propietarios originales.
La investigación sostiene que se buscaban especialmente propiedades con escasa vigilancia: terrenos pertenecientes a ciudadanos argentinos fallecidos o personas que no concurrían habitualmente a Uruguay. Primero se transferían entre ellos y después aparecía el comprador
El mecanismo investigado tenía distintas etapas. Mediante el poder cuestionado se realizaban inicialmente compraventas entre personas vinculadas a la propia organización. Esas operaciones se documentaban pese a que, según Fiscalía, no se pagaba efectivamente el precio establecido o se entregaban sumas muy inferiores al valor real de las propiedades.
Una vez que el inmueble había pasado formalmente a manos de uno de los involucrados, comenzaba una segunda etapa: el terreno era ofrecido y vendido a terceros compradores de buena fe.
De esa manera, sostiene la acusación fiscal, se conseguía introducir el inmueble en el mercado con una apariencia de regularidad y obtener posteriormente ganancias de miles de dólares. Para comercializar los terrenos se habría utilizado una inmobiliaria de Piriápolis, cuyo propietario ya había sido imputado días atrás en la misma investigación.
EL PAPEL QUE FISCALÍA ATRIBUYE A LA ESCRIBANA
La Fiscalía considera que la participación de la escribana resultaba relevante para completar el circuito documental de las operaciones. Según la tesis fiscal, intervenía en las primeras compraventas y mediante su actuación se otorgaba “apariencia de legalidad” a las transferencias.
El Ministerio Público definió su presunta actuación como un “aporte funcional a la ejecución de la estafa al proporcionar la instrumentación necesaria para que los inmuebles pudieran ser introducidos en el tráfico jurídico y posteriormente enajenados”.
Uno de los puntos más discutidos durante la audiencia fue precisamente si la profesional conocía que el poder utilizado era falso o si ella también había sido engañada. Para los investigadores, existen elementos que justifican profundizar la investigación sobre el conocimiento que habría tenido la escribana.
La Fiscalía argumentó que la profesional intervino en reiteradas operaciones sustentadas en el mismo poder falso. Esa reiteración constituiría, según la acusación, un “patrón” que en esta instancia procesal impide considerar simplemente que la escribana fue engañada durante una operación aislada.
También se cuestionó que no se hubiera realizado una comprobación adicional sobre la situación profesional del escribano cuya firma aparecía en el poder.
Otro elemento señalado por Fiscalía fueron las presuntas anomalías documentales y en los signos notariales que presentaba el documento. A ello se agregó la diferencia que, según los investigadores, existía entre los precios que aparecían documentados en determinadas operaciones y los movimientos bancarios que posteriormente se producían entre las personas investigadas.
DEFENSA DE LA ESCRIBANA RECHAZÓ LA INTERPRETACIÓN
El Dr. Williman sostuvo que se está exigiendo a su defendida realizar verificaciones que no forman parte de las obligaciones habituales de la función notarial. Apoyándose en jurisprudencia y en disposiciones del reglamento notarial, argumentó que corresponde al escribano comprobar que el poder contenga facultades suficientes, verificar la identidad de quien comparece y constatar mediante la información registral que el documento se encuentre vigente.
La defensa también cuestionó que se pretenda responsabilizar a la profesional por no reconstruir el recorrido del dinero utilizado en las compraventas.
“Prácticamente se les exige que sean investigadores privados”, sostuvo el abogado al rechazar que un escribano deba efectuar una trazabilidad de los cheques utilizados en las operaciones.
También afirmó que las pericias realizadas sobre diferentes teléfonos celulares no aportaron, a criterio de la defensa, evidencia contundente de una connivencia entre la escribana y la persona señalada como responsable de falsificar el poder.
La jueza entendió que existen elementos para investigar. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Diovanet Olivera entendió que Fiscalía presentó elementos objetivos suficientes para disponer la formalización y continuar investigando la actuación de la profesional.
Entre los aspectos considerados por la magistrada aparecen las anomalías en los signos notariales del documento, que entendió debieron ser objeto de control.
La resolución no implica que se haya establecido definitivamente la responsabilidad penal de la escribana. Será el desarrollo del proceso el que determine si puede probarse la acusación formulada por Fiscalía.
CAUSA CON VARIOS IMPUTADOS Y CONDENADOS
La investigación por los terrenos de Punta Negra comprende a varias personas. Antes de esta resolución ya habían sido imputados el hombre señalado como responsable de falsificar el poder, el propietario de la inmobiliaria utilizada para comercializar los terrenos y un empleado de la empresa.
Además, mediante acuerdos abreviados fueron condenados la esposa del empresario, la expareja del empleado y un hermano de este último.
La nueva imputación amplía ahora la investigación sobre una trama que, según la hipótesis fiscal, buscaba terrenos con propietarios ausentes, utilizaba documentación falsa para transferirlos y posteriormente los colocaba nuevamente en el mercado para venderlos a compradores que desconocían el origen irregular de las operaciones.
(Foto: Ilustrativa)
La escribana fue imputada por asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y estafa en calidad de coautora. La imputación supone el inicio del proceso penal y no una condena.
La investigación intenta reconstruir una estructura que habría identificado terrenos cuyos propietarios, principalmente argentinos, habían fallecido o permanecían largos períodos fuera de Uruguay.
UN PODER CON LA FIRMA DE UN ESCRIBANO FALLLECIDO
El punto de partida de la maniobra investigada, como lo informó en su momento FM GENTE, es un poder presuntamente falsificado que permitía realizar compraventas en representación de terceras personas.
Según la Fiscalía, para confeccionar ese documento se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano que había fallecido y que no expedía poderes desde la década de 1980. Con esa documentación, los integrantes de la organización podían presentarse como representantes de los propietarios originales.
La investigación sostiene que se buscaban especialmente propiedades con escasa vigilancia: terrenos pertenecientes a ciudadanos argentinos fallecidos o personas que no concurrían habitualmente a Uruguay. Primero se transferían entre ellos y después aparecía el comprador
El mecanismo investigado tenía distintas etapas. Mediante el poder cuestionado se realizaban inicialmente compraventas entre personas vinculadas a la propia organización. Esas operaciones se documentaban pese a que, según Fiscalía, no se pagaba efectivamente el precio establecido o se entregaban sumas muy inferiores al valor real de las propiedades.
Una vez que el inmueble había pasado formalmente a manos de uno de los involucrados, comenzaba una segunda etapa: el terreno era ofrecido y vendido a terceros compradores de buena fe.
De esa manera, sostiene la acusación fiscal, se conseguía introducir el inmueble en el mercado con una apariencia de regularidad y obtener posteriormente ganancias de miles de dólares. Para comercializar los terrenos se habría utilizado una inmobiliaria de Piriápolis, cuyo propietario ya había sido imputado días atrás en la misma investigación.
EL PAPEL QUE FISCALÍA ATRIBUYE A LA ESCRIBANA
La Fiscalía considera que la participación de la escribana resultaba relevante para completar el circuito documental de las operaciones. Según la tesis fiscal, intervenía en las primeras compraventas y mediante su actuación se otorgaba “apariencia de legalidad” a las transferencias.
El Ministerio Público definió su presunta actuación como un “aporte funcional a la ejecución de la estafa al proporcionar la instrumentación necesaria para que los inmuebles pudieran ser introducidos en el tráfico jurídico y posteriormente enajenados”.
Uno de los puntos más discutidos durante la audiencia fue precisamente si la profesional conocía que el poder utilizado era falso o si ella también había sido engañada. Para los investigadores, existen elementos que justifican profundizar la investigación sobre el conocimiento que habría tenido la escribana.
La Fiscalía argumentó que la profesional intervino en reiteradas operaciones sustentadas en el mismo poder falso. Esa reiteración constituiría, según la acusación, un “patrón” que en esta instancia procesal impide considerar simplemente que la escribana fue engañada durante una operación aislada.
También se cuestionó que no se hubiera realizado una comprobación adicional sobre la situación profesional del escribano cuya firma aparecía en el poder.
Otro elemento señalado por Fiscalía fueron las presuntas anomalías documentales y en los signos notariales que presentaba el documento. A ello se agregó la diferencia que, según los investigadores, existía entre los precios que aparecían documentados en determinadas operaciones y los movimientos bancarios que posteriormente se producían entre las personas investigadas.
DEFENSA DE LA ESCRIBANA RECHAZÓ LA INTERPRETACIÓN
El Dr. Williman sostuvo que se está exigiendo a su defendida realizar verificaciones que no forman parte de las obligaciones habituales de la función notarial. Apoyándose en jurisprudencia y en disposiciones del reglamento notarial, argumentó que corresponde al escribano comprobar que el poder contenga facultades suficientes, verificar la identidad de quien comparece y constatar mediante la información registral que el documento se encuentre vigente.
La defensa también cuestionó que se pretenda responsabilizar a la profesional por no reconstruir el recorrido del dinero utilizado en las compraventas.
“Prácticamente se les exige que sean investigadores privados”, sostuvo el abogado al rechazar que un escribano deba efectuar una trazabilidad de los cheques utilizados en las operaciones.
También afirmó que las pericias realizadas sobre diferentes teléfonos celulares no aportaron, a criterio de la defensa, evidencia contundente de una connivencia entre la escribana y la persona señalada como responsable de falsificar el poder.
La jueza entendió que existen elementos para investigar. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Diovanet Olivera entendió que Fiscalía presentó elementos objetivos suficientes para disponer la formalización y continuar investigando la actuación de la profesional.
Entre los aspectos considerados por la magistrada aparecen las anomalías en los signos notariales del documento, que entendió debieron ser objeto de control.
La resolución no implica que se haya establecido definitivamente la responsabilidad penal de la escribana. Será el desarrollo del proceso el que determine si puede probarse la acusación formulada por Fiscalía.
CAUSA CON VARIOS IMPUTADOS Y CONDENADOS
La investigación por los terrenos de Punta Negra comprende a varias personas. Antes de esta resolución ya habían sido imputados el hombre señalado como responsable de falsificar el poder, el propietario de la inmobiliaria utilizada para comercializar los terrenos y un empleado de la empresa.
Además, mediante acuerdos abreviados fueron condenados la esposa del empresario, la expareja del empleado y un hermano de este último.
La nueva imputación amplía ahora la investigación sobre una trama que, según la hipótesis fiscal, buscaba terrenos con propietarios ausentes, utilizaba documentación falsa para transferirlos y posteriormente los colocaba nuevamente en el mercado para venderlos a compradores que desconocían el origen irregular de las operaciones.
(Foto: Ilustrativa)
