El caso del edil Gonzalo Gómez dejó de ser exclusivamente una situación individual y abrió dentro del Partido Nacional una discusión más amplia sobre cómo se utilizan y controlan las partidas destinadas a contrataciones en la Junta Departamental de Montevideo.
El Directorio del Partido Nacional resolvió este lunes suspender a Gómez por dos años y estableció que deberá apartarse de su cargo como edil. La colectividad anunció además la devolución a la Junta Departamental del dinero correspondiente a las “tareas que no fueron asignadas”.
La controversia comenzó después de conocerse que Pablo Leiva, contratado formalmente como asesor de Gómez, fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Gómez ha sostenido que desconocía completamente las actividades ilícitas desarrolladas por Leiva y, según explicó el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, el edil no se encuentra indagado en esa causa penal.
Gómez reconoció que Leiva cobraba pero no tenía tareas asignadas. El propio edil admitió públicamente uno de los elementos que posteriormente adquirió relevancia para la resolución partidaria.
Según explicó en conferencia de prensa, Leiva estaba contratado desde diciembre por $52.000 nominales mensuales, equivalentes a unos $42.000 líquidos, pero no tenía una tarea asignada.
Gómez procuró diferenciar además el cargo formal de asesor de la función que inicialmente había pensado para Leiva. Señaló que pretendía que lo ayudara en el “despliegue con la tarea de representación”, pero ese trabajo finalmente no se concretó.
De acuerdo con su explicación, desde marzo, tras finalizar el receso de la Junta, concentró su actividad en las tareas legislativas y de contralor de la Intendencia.
El edil reconoció como un “error” no haber asignado funciones a Leiva. También admitió como equivocación haber realizado la contratación a partir de la confianza depositada en Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, con quien aseguró mantener un vínculo personal. Gómez consideró asimismo que debería haber tenido mayores recaudos antes de concretar la designación.
DELGADO: "PARA NOSOTROS ES UN TEMA ÉTICO"
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que la resolución no responde a una imputación penal contra Gómez, sino a una evaluación de su conducta política.
Según Delgado, Gómez adoptó una “decisión equivocada” al contratar a una persona cuyas actividades ilícitas desconocía, pero respecto de la cual posteriormente reconoció que no estaba cumpliendo tareas. “Para nosotros es un tema ético”, afirmó.
El caso fue elevado a la Comisión de Ética a solicitud del propio Gómez, según informó Delgado. Finalmente se resolvió su desvinculación partidaria durante dos años, lo que alcanza también a su participación en el Directorio y en la Comisión Nacional de Jóvenes.
Delgado calificó la decisión como “severa” y “necesaria” y aseguró que ante situaciones de estas características al partido “no le va a temblar la mano ni va a esconder abajo de la alfombra”.
LEMA QUIERE REVISAR TODO EL SISTEMA
La controversia tuvo otra consecuencia política: el Partido Nacional comenzó a mirar más allá del caso Gómez. El director de la departamental nacionalista de Montevideo, Martín Lema, había solicitado a los ediles blancos revisar sus contrataciones y los pases en comisión existentes en la Junta Departamental. Ahora profundizó ese planteo.
Hay que “revisar y corregir todo para que haya más transparencia y mejor funcionamiento”, afirmó.
“En esto no se puede ser necio, no se pueden desconocer los sistemas que están funcionando mal, la gente merece la máxima transparencia”, sostuvo Lema.
El dirigente anunció además que un equipo de abogados realiza una revisión normativa del sistema, con el propósito de determinar su origen y analizar las disposiciones que actualmente regulan las contrataciones dentro de la Junta.
La discusión podría, por tanto, derivar en propuestas de modificación del mecanismo y no limitarse a las responsabilidades políticas derivadas del caso concreto.
SE DEVOLVERÁ EL DINERO
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución del Directorio refiere a los recursos utilizados para pagar la contratación de Leiva. El Partido Nacional anunció que se devolverá a la Junta Departamental de Montevideo el dinero correspondiente a las remuneraciones vinculadas a “las tareas que no fueron asignadas”.
El comunicado partidario no solo cuestionó la decisión de contratación, sino que colocó el asunto dentro de la administración de recursos públicos.
“El Directorio del Partido Nacional reafirma su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, así como con el cumplimiento de las normas y obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias”, expresó.
El episodio tiene además derivaciones vinculadas a la investigación que terminó con la condena de Pablo Leiva. En las últimas semanas surgieron públicamente versiones y cuestionamientos sobre eventuales vinculaciones con un local de cobranzas relacionado con la esposa del dirigente nacionalista y director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición Jorge Gandini.
Esos elementos corresponden a un capítulo diferente del caso y no implican que Gómez esté investigado penalmente, algo que el propio Delgado se encargó de remarcar.
El Directorio del Partido Nacional resolvió este lunes suspender a Gómez por dos años y estableció que deberá apartarse de su cargo como edil. La colectividad anunció además la devolución a la Junta Departamental del dinero correspondiente a las “tareas que no fueron asignadas”.
La controversia comenzó después de conocerse que Pablo Leiva, contratado formalmente como asesor de Gómez, fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Gómez ha sostenido que desconocía completamente las actividades ilícitas desarrolladas por Leiva y, según explicó el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, el edil no se encuentra indagado en esa causa penal.
Gómez reconoció que Leiva cobraba pero no tenía tareas asignadas. El propio edil admitió públicamente uno de los elementos que posteriormente adquirió relevancia para la resolución partidaria.
Según explicó en conferencia de prensa, Leiva estaba contratado desde diciembre por $52.000 nominales mensuales, equivalentes a unos $42.000 líquidos, pero no tenía una tarea asignada.
Gómez procuró diferenciar además el cargo formal de asesor de la función que inicialmente había pensado para Leiva. Señaló que pretendía que lo ayudara en el “despliegue con la tarea de representación”, pero ese trabajo finalmente no se concretó.
De acuerdo con su explicación, desde marzo, tras finalizar el receso de la Junta, concentró su actividad en las tareas legislativas y de contralor de la Intendencia.
El edil reconoció como un “error” no haber asignado funciones a Leiva. También admitió como equivocación haber realizado la contratación a partir de la confianza depositada en Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, con quien aseguró mantener un vínculo personal. Gómez consideró asimismo que debería haber tenido mayores recaudos antes de concretar la designación.
DELGADO: "PARA NOSOTROS ES UN TEMA ÉTICO"
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que la resolución no responde a una imputación penal contra Gómez, sino a una evaluación de su conducta política.
Según Delgado, Gómez adoptó una “decisión equivocada” al contratar a una persona cuyas actividades ilícitas desconocía, pero respecto de la cual posteriormente reconoció que no estaba cumpliendo tareas. “Para nosotros es un tema ético”, afirmó.
El caso fue elevado a la Comisión de Ética a solicitud del propio Gómez, según informó Delgado. Finalmente se resolvió su desvinculación partidaria durante dos años, lo que alcanza también a su participación en el Directorio y en la Comisión Nacional de Jóvenes.
Delgado calificó la decisión como “severa” y “necesaria” y aseguró que ante situaciones de estas características al partido “no le va a temblar la mano ni va a esconder abajo de la alfombra”.
LEMA QUIERE REVISAR TODO EL SISTEMA
La controversia tuvo otra consecuencia política: el Partido Nacional comenzó a mirar más allá del caso Gómez. El director de la departamental nacionalista de Montevideo, Martín Lema, había solicitado a los ediles blancos revisar sus contrataciones y los pases en comisión existentes en la Junta Departamental. Ahora profundizó ese planteo.
Hay que “revisar y corregir todo para que haya más transparencia y mejor funcionamiento”, afirmó.
“En esto no se puede ser necio, no se pueden desconocer los sistemas que están funcionando mal, la gente merece la máxima transparencia”, sostuvo Lema.
El dirigente anunció además que un equipo de abogados realiza una revisión normativa del sistema, con el propósito de determinar su origen y analizar las disposiciones que actualmente regulan las contrataciones dentro de la Junta.
La discusión podría, por tanto, derivar en propuestas de modificación del mecanismo y no limitarse a las responsabilidades políticas derivadas del caso concreto.
SE DEVOLVERÁ EL DINERO
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución del Directorio refiere a los recursos utilizados para pagar la contratación de Leiva. El Partido Nacional anunció que se devolverá a la Junta Departamental de Montevideo el dinero correspondiente a las remuneraciones vinculadas a “las tareas que no fueron asignadas”.
El comunicado partidario no solo cuestionó la decisión de contratación, sino que colocó el asunto dentro de la administración de recursos públicos.
“El Directorio del Partido Nacional reafirma su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, así como con el cumplimiento de las normas y obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias”, expresó.
El episodio tiene además derivaciones vinculadas a la investigación que terminó con la condena de Pablo Leiva. En las últimas semanas surgieron públicamente versiones y cuestionamientos sobre eventuales vinculaciones con un local de cobranzas relacionado con la esposa del dirigente nacionalista y director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición Jorge Gandini.
Esos elementos corresponden a un capítulo diferente del caso y no implican que Gómez esté investigado penalmente, algo que el propio Delgado se encargó de remarcar.
