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La entonces jueza civil de 6º turno de Maldonado, Claudia Valetti, el 31 de julio de 2019 condenó a la Intendencia de Maldonado al pago de la citada factura más los correspondientes reajustes.

La demandada recurrió el fallo en primera instancia por lo que el caso pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º turno de Maldonado. El 17 de junio de 2020 el tribunal de alzada revocó el fallo en primera instancia lo que generó la respuesta de la parte actora cuyos abogados presentaron un recurso de casación.

A juicio de la administración, la empresa pretendió cobrar por una obra presentando una factura por otra obra en sendas licitaciones registradas en el año 2014 durante la gestión frenteamplista de Maldonado. En el citado mandato de la coalición de izquierdas hubo dos licitaciones para proveer servicios y bienes eléctricos. Una de las obras se llevó adelante en Piriápolis. La otra al norte de Cerro Pelado. Según la denuncia, los fondos que debían ser cobrados por la obra de Piriápolis, se pretendieron cobrar por la obra de Cerro Pelado, llevada adelante por otra firma.

“La sala entendió probado que Evancor SA emitió una factura en la cual se detallan servicios relativos a una obra desarrollada por un tercero para cobrar servicios propios, relativos a una obra totalmente distinta”; asevera el fallo de la SCJ.

DENUNCIA PENAL
A los pocos días de asumir la administración Antía en julio de 2015 la empresa entregó a la dirección general de vivienda la millonaria factura. Empero, el citado importe nunca fue pagado. La empresa, entonces, radicó la demanda que ganó en primera instancia pero que luego perdió en dos sucesivas ocasiones. Encima, ahora enfrenta la denuncia de la Intendencia en el fuero penal.

La SCJ sostuvo que la factura presentada por la empresa “contiene un detalle de tareas que no realizó el actor, sino otra empresa, tercero en este proceso, en otra licitación y en otro lugar del departamento de Maldonado”.

El fallo en casación agrega: “La Intendencia de Maldonado se opuso categóricamente al cobro de la factura, que fue el centro del diseño de la pretensión contraria, y, si sobre el fondo, aceptablemente explicó que la presentación de una factura falsa, que fue observada por la Dirección de Contaduría impidió el control de unas obras que no se enunciaban en la factura que se pretendía cobrar”.

Y recordó un párrafo de la sentencia en segunda instancia: “Llama la atención de este Tribunal que la empresa actora acepte poner en una factura datos que refieren a una licitación adjudicada a otra empresa por más que un funcionario de la demanda se lo hubiera recurrido sabiendo que no concordaba con la realidad, esto es, que eran falsos, falseando los hechos que justamente trata de probar la factura”.

UNO DE LOS HECHOS
Este caso tiene un correlato en la vía penal porque la Intendencias de Maldonado denunció por este caso a la misma empresa.

Esta denuncia es una de las cuatro que la administración Antía en el período anterior radicó contra hechos de apariencia delictiva registrados en la gestión del Frente Amplio.



Marcelo Gallardo, Correo de Punta del Este y FM GENTE