“Nosotros lo que hicimos fue, ante la negativa de la intendencia de permitirnos construir locales comerciales que ya habían sido aprobados, iniciamos un recurso frente a la intendencia, transcurrieron los 150 días sin que en la intendencia nos contestaran, y dentro del plazo legal, iniciamos una acción de nulidad frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, explicó Basso.
Esta acción, se encuentra dentro del plazo para que la comuna alegue, según el profesional, antes del dictado de la sentencia correspondiente.
Además, el representante legal de la firma Meltoni S.A., explicó la relación con el doctor Gonzalo Aguirre. Dijo que fue contratado por su reconocida experiencia y conocimientos en derecho administrativo y constitucional, “por las características de la situación, y que, simplemente casualidad, comparte o es socio del estudio donde está el doctor Loinaz. Pero yo creo que no hay que mezclar una cosa con la otra, ambos son profesionales solventes, serios, respetables, y que cada uno a mi juicio, sabe realizar sus funciones de las maneras debidas”.
En cuanto al reclamo por 7 millones de dólares que la doctora Salazar afirmó recayó por este tema sobre las arcas municipales, Ricardo Basso, aclaró que “en ningún lugar nosotros iniciamos un reclamo patrimonial, sino que estamos reclamando la nulidad de un acto municipal. Después de acuerdo al resultado de ese fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que nos prohíba hacer los locales comerciales y, de acuerdo a algún otro criterio, podríamos iniciar algún juicio de daños y perjuicios, pero no aún”.
Redactado: R.A.