La Justicia de Maldonado convocó para el próximo 8 de setiembre a una audiencia en la que se analizará el pedido presentado por la familia de Pepa Almendra Vergara Di Benedetto, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida el 28 de julio en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este.
La solicitud fue presentada por los abogados de la familia, Rafael Silva y Sebastián Beracochea, ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno. La jueza Sylvana García Noroya dispuso convocar a la defensa y a la Fiscalía Letrada Departamental de 4.º Turno para el 8 de setiembre a las 15:00 horas, con el objetivo de discutir si corresponde admitir y realizar las medidas solicitadas.
El planteo de la familia apunta principalmente a ampliar la pericia médico-forense realizada después del fallecimiento. En el escrito se solicita una nueva autopsia o, en caso de que ello no sea posible, estudios complementarios sobre las piezas anatómicas que hayan sido conservadas.
La defensa lo que plantea es que todavía deben profundizarse determinados aspectos para establecer con mayor precisión cómo se produjo la muerte y cuál fue su carácter médico-legal.
Uno de los estudios solicitados es un análisis toxicológico, que permitiría determinar si en el organismo de la joven había alcohol, drogas u otras sustancias al momento de su muerte. Según surge del planteo presentado ante la Justicia, el protocolo de autopsia no deja constancia de que se haya realizado ese análisis.
Otro de los cuestionamientos planteados está relacionado con algunos apartados del propio protocolo de autopsia. Según el escrito, quedaron sin completar los espacios correspondientes a la etiología médico-legal, antecedentes y consideraciones médico-forenses.
En términos sencillos, lo que busca la familia es que la pericia aporte una conclusión más completa sobre las circunstancias de la muerte y sobre si los elementos encontrados en el cuerpo y en la escena son compatibles con una determinada forma de fallecimiento.
La defensa también pide que los médicos tengan en cuenta determinados elementos registrados en el lugar donde fue encontrada Pepa.
Por ese motivo, los abogados solicitaron que participe como veedora una doctora designada por la familia.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud es el paso del tiempo.
La defensa sostiene que determinados estudios médico-forenses pueden perder eficacia a medida que avanzan los procesos naturales de descomposición del cuerpo y que algunas muestras o tejidos pueden deteriorarse. Por eso entiende que, si la Justicia considera que los análisis son necesarios, deben realizarse cuanto antes.
El pedido fue presentado bajo el mecanismo de prueba anticipada, previsto por el Código del Proceso Penal para determinados casos en los que esperar hasta una instancia posterior puede hacer que una prueba pierda valor o incluso que ya no pueda realizarse.
La familia había solicitado anteriormente estas medidas ante la Fiscalía que lleva adelante la investigación. Según consta en el escrito presentado ante la jueza, el pedido fue realizado el 6 de agosto y, al momento de presentar la solicitud judicial, habían transcurrido más de 15 días sin una resolución sobre la medida.
Por ese motivo, los representantes de la familia recurrieron directamente al juzgado y solicitaron que la Justicia determine si corresponde ordenar los estudios.
La solicitud de la familia no implica por sí misma que la Justicia haya determinado que existan irregularidades en la autopsia ni que haya cambiado la hipótesis sobre la muerte. Lo que se discutirá el 8 de setiembre es si corresponde realizar los estudios complementarios solicitados y bajo qué condiciones.
La solicitud fue presentada por los abogados de la familia, Rafael Silva y Sebastián Beracochea, ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno. La jueza Sylvana García Noroya dispuso convocar a la defensa y a la Fiscalía Letrada Departamental de 4.º Turno para el 8 de setiembre a las 15:00 horas, con el objetivo de discutir si corresponde admitir y realizar las medidas solicitadas.
El planteo de la familia apunta principalmente a ampliar la pericia médico-forense realizada después del fallecimiento. En el escrito se solicita una nueva autopsia o, en caso de que ello no sea posible, estudios complementarios sobre las piezas anatómicas que hayan sido conservadas.
La defensa lo que plantea es que todavía deben profundizarse determinados aspectos para establecer con mayor precisión cómo se produjo la muerte y cuál fue su carácter médico-legal.
Uno de los estudios solicitados es un análisis toxicológico, que permitiría determinar si en el organismo de la joven había alcohol, drogas u otras sustancias al momento de su muerte. Según surge del planteo presentado ante la Justicia, el protocolo de autopsia no deja constancia de que se haya realizado ese análisis.
Otro de los cuestionamientos planteados está relacionado con algunos apartados del propio protocolo de autopsia. Según el escrito, quedaron sin completar los espacios correspondientes a la etiología médico-legal, antecedentes y consideraciones médico-forenses.
En términos sencillos, lo que busca la familia es que la pericia aporte una conclusión más completa sobre las circunstancias de la muerte y sobre si los elementos encontrados en el cuerpo y en la escena son compatibles con una determinada forma de fallecimiento.
La defensa también pide que los médicos tengan en cuenta determinados elementos registrados en el lugar donde fue encontrada Pepa.
Por ese motivo, los abogados solicitaron que participe como veedora una doctora designada por la familia.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud es el paso del tiempo.
La defensa sostiene que determinados estudios médico-forenses pueden perder eficacia a medida que avanzan los procesos naturales de descomposición del cuerpo y que algunas muestras o tejidos pueden deteriorarse. Por eso entiende que, si la Justicia considera que los análisis son necesarios, deben realizarse cuanto antes.
El pedido fue presentado bajo el mecanismo de prueba anticipada, previsto por el Código del Proceso Penal para determinados casos en los que esperar hasta una instancia posterior puede hacer que una prueba pierda valor o incluso que ya no pueda realizarse.
La familia había solicitado anteriormente estas medidas ante la Fiscalía que lleva adelante la investigación. Según consta en el escrito presentado ante la jueza, el pedido fue realizado el 6 de agosto y, al momento de presentar la solicitud judicial, habían transcurrido más de 15 días sin una resolución sobre la medida.
Por ese motivo, los representantes de la familia recurrieron directamente al juzgado y solicitaron que la Justicia determine si corresponde ordenar los estudios.
La solicitud de la familia no implica por sí misma que la Justicia haya determinado que existan irregularidades en la autopsia ni que haya cambiado la hipótesis sobre la muerte. Lo que se discutirá el 8 de setiembre es si corresponde realizar los estudios complementarios solicitados y bajo qué condiciones.
