El diputado Joaquín Garlo participó del conversatorio sobre fiscalización animal realizado en la Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado, donde también estuvo presente el presidente del directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta.
Durante su intervención, Garlo sostuvo que el diagnóstico sobre la situación está claro y destacó los datos presentados durante el encuentro. Señaló que las 49 denuncias registradas en un año representan solamente los casos que llegaron a las autoridades y consideró que existe una cantidad mayor de situaciones que no son denunciadas.
En ese sentido, planteó que los 311 animales afectados que surgen de los registros oficiales podrían representar solamente una parte del problema.
El legislador también destacó la presencia de representantes de distintos organismos e instituciones en la mesa de trabajo y remarcó que cada uno tiene responsabilidades diferentes. Entre ellos mencionó a la Intendencia, el Ministerio del Interior, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que no estuvo representado en el encuentro.
En materia legislativa, sostuvo que existe una discusión pendiente sobre la forma de sancionar determinadas conductas vinculadas al maltrato animal y la tenencia irresponsable.
“Los irresponsables tienen que tener consecuencias”, afirmó.
El diputado consideró que las sanciones deberían contemplar distintas posibilidades, desde multas y medidas alternativas hasta penas de privación de libertad en los casos de mayor gravedad.
Garlo aclaró que, a su entender, ninguno de los proyectos de ley existentes sobre el tema es suficiente por sí solo. Por eso, planteó que durante los próximos meses se debería trabajar en una propuesta que reúna los diferentes proyectos y aportes de las organizaciones de la sociedad civil.
A su juicio, la falta de consecuencias para quienes actúan de manera irresponsable termina generando otros problemas que recaen sobre los vecinos, como ataques a animales, conflictos de convivencia y accidentes de tránsito.
El legislador también se refirió al Código Rural y sostuvo que existen herramientas que ya están previstas, pero que deben ser aplicadas y fiscalizadas.
Otro de los temas que surgió durante su intervención fue la cantidad de animales por hectárea y la situación generada por el fraccionamiento de terrenos rurales.
Según planteó, ese proceso puede generar una convivencia cada vez más compleja entre la actividad rural, nuevos propietarios y quienes llegan a esos lugares con otros usos del territorio.
En ese sentido, consideró que existe un punto de trabajo conjunto con los gobiernos departamentales para analizar una regulación específica desde el Parlamento.
De todos modos, remarcó que ninguna nueva norma tendrá resultados si no existe fiscalización.
“Absolutamente nada de todo esto va a tener sentido, va a servir o a funcionar si no hay fiscalización y control”, sostuvo.
Garlo señaló que esa tarea debe involucrar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio del Interior y a las intendencias, dentro de las competencias de cada organismo.
También destacó el papel de los vecinos, a quienes consideró fundamentales para detectar situaciones y ponerlas en conocimiento de las autoridades.
“El control ciudadano es clave”, afirmó, al señalar que quienes viven en el territorio pueden aportar información que los organismos públicos no siempre tienen la posibilidad de detectar por sí mismos.
Durante su intervención, Garlo sostuvo que el diagnóstico sobre la situación está claro y destacó los datos presentados durante el encuentro. Señaló que las 49 denuncias registradas en un año representan solamente los casos que llegaron a las autoridades y consideró que existe una cantidad mayor de situaciones que no son denunciadas.
En ese sentido, planteó que los 311 animales afectados que surgen de los registros oficiales podrían representar solamente una parte del problema.
El legislador también destacó la presencia de representantes de distintos organismos e instituciones en la mesa de trabajo y remarcó que cada uno tiene responsabilidades diferentes. Entre ellos mencionó a la Intendencia, el Ministerio del Interior, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que no estuvo representado en el encuentro.
En materia legislativa, sostuvo que existe una discusión pendiente sobre la forma de sancionar determinadas conductas vinculadas al maltrato animal y la tenencia irresponsable.
“Los irresponsables tienen que tener consecuencias”, afirmó.
El diputado consideró que las sanciones deberían contemplar distintas posibilidades, desde multas y medidas alternativas hasta penas de privación de libertad en los casos de mayor gravedad.
Garlo aclaró que, a su entender, ninguno de los proyectos de ley existentes sobre el tema es suficiente por sí solo. Por eso, planteó que durante los próximos meses se debería trabajar en una propuesta que reúna los diferentes proyectos y aportes de las organizaciones de la sociedad civil.
A su juicio, la falta de consecuencias para quienes actúan de manera irresponsable termina generando otros problemas que recaen sobre los vecinos, como ataques a animales, conflictos de convivencia y accidentes de tránsito.
El legislador también se refirió al Código Rural y sostuvo que existen herramientas que ya están previstas, pero que deben ser aplicadas y fiscalizadas.
Otro de los temas que surgió durante su intervención fue la cantidad de animales por hectárea y la situación generada por el fraccionamiento de terrenos rurales.
Según planteó, ese proceso puede generar una convivencia cada vez más compleja entre la actividad rural, nuevos propietarios y quienes llegan a esos lugares con otros usos del territorio.
En ese sentido, consideró que existe un punto de trabajo conjunto con los gobiernos departamentales para analizar una regulación específica desde el Parlamento.
De todos modos, remarcó que ninguna nueva norma tendrá resultados si no existe fiscalización.
“Absolutamente nada de todo esto va a tener sentido, va a servir o a funcionar si no hay fiscalización y control”, sostuvo.
Garlo señaló que esa tarea debe involucrar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio del Interior y a las intendencias, dentro de las competencias de cada organismo.
También destacó el papel de los vecinos, a quienes consideró fundamentales para detectar situaciones y ponerlas en conocimiento de las autoridades.
“El control ciudadano es clave”, afirmó, al señalar que quienes viven en el territorio pueden aportar información que los organismos públicos no siempre tienen la posibilidad de detectar por sí mismos.
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