Como hemos informado, la Junta Departamental había aprobado recientemente una modificación del artículo 13 del Decreto Departamental Nº 3718 eliminando la posibilidad de limitar la cantidad de permisos en simultáneo que pueda tramitar un técnico ante la Intendencia. Remitido al ejecutivo comunal éste sugirió una nueva corrección. Por lo cual la administración elevó al cuerpo la nueva modificación.
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WhatsAppPor medio de un único artículo propone que los arquitectos, ingenieros civiles, empresas de construcción y técnicos sanitarios deberán estar anotados en los registros respectivos de Control Edilicio y al día en el pago que corresponda.
Para la sugerencia la intendencia señala que en los últimos años, la expansión de la construcción en el departamento de Maldonado generó un aumento en el número de permisos de construcción y en la cantidad de técnicos gestionantes.
La Dirección de Control Edilicio se enfrenta asiduamente a inconvenientes generados por omisiones en la gestión por parte de los técnicos ...”, por lo que sugiere observar la iniciativa y proponer un proyecto departamental alternativo.
La administración señala que pertenece a la competencia de la administración comunal... lo que “...se denomina "poder de policía" municipal o más específicamente, "policía de la edificación”.
Tal poder de policía conlleva a modo de facultades expresas o implícitas aquellas de sancionar dentro de límites y regulaciones que no afecten irremediablemente los derechos de las personas.
Ahora pasa nuevamente a la Junta Departamental que entró en receso durante el verano.
El legislativo se había hecho eco de la comparecencia de profesionales del Departamento ante la Comisión de Obras presidida por el Edil Luis Artola, que expresaron su preocupación por las restricciones impuestas por la Intendencia Departamental.
La medida que estaba vigente, basada en la Resolución Nº 2418/998, había generado inquietud entre los profesionales, afectando a 26 arquitectos y más de 750 obras.
Los ediles consideraron que esta limitación atentaba contra el derecho al trabajo, argumentando su inconstitucionalidad según el artículo 7 de la Constitución de la República.
El Ejecutivo tomó nota de lo remitido agregando que era necesario considerar otros elementos sobre la regulación de la actividad.
27 Apr 2024
13:00
