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El intendente Oscar De los Santos remarcó que en la larga comparecencia de más de 4 horas, prácticamente se lo consultó sobre un solo punto de los 10 que contenía la denuncia original (el contrato de patrocinio con Satenil S.A.), lo que está ratificando que no existe inconstitucionalidad e irregularidad alguna en su administración, ya que por otra parte, muchos de los asuntos contenidos en la denuncia, se dirimen por otros carriles, en la órbita judicial y a partir de reclamos de terceros. El intendente consideró que los otros temas no fueron discutidos porque las respuestas y la documentación aportada, demostraron que no existen ilegalidades. “No hubo una reacción de defensa de la Constitución ni de querer demostrar que la habíamos violado; es más, en algunos de esos expedientes ya hay fallos judiciales que inhabilitan de alguna forma lo que pueden ser los argumentos de ese juicio político”.
Insistió en que más allá de que se compartan o no, las acciones de gobierno llevadas adelante hasta ahora se inscriben dentro de las normas vigentes, y eso “quedó categóricamente expresado”.
Mirando retrospectivamente la instancia de pedido del juicio político, votado hace unos 14 meses por la Junta Departamental de Maldonado, el jefe comunal señaló una vez más que “esto se inscribe dentro de una estrategia general de campaña, donde la situación interna del Partido Nacional se está dirimiendo a través también de este proceso de juicio político; porque lo que nosotros tenemos como referencia frente a cada uno de los actos de gobierno, aparte de la Constitución, la ley y los decretos, es la experiencia acumulada del Estado. Y en ese proceso lo que tomamos como referencia son actos de gobierno en el mismo sentido de aquello que se nos cuestiona”, aludiendo así a la forma en que los anteriores gobiernos nacionalistas de este departamento aplicaban las leyes y las normas.

HAY RECLAMOS POR OTRAS VÍAS
Reconoció que varios de los aspectos cuestionados de su gestión, se están dirimiendo en el ámbito judicial, por lo que tampoco dan lugar a un juicio político, sea cual sea el resultado final. El doctor Horacio Bolani (sub director municipal de Jurídica), explicó que hay una sentencia de primera instancia a favor de la firma Hikone (reclamante por el contrato de patrocinio suscripto con Satenil S.A.), que fue apelada por el municipio, precisamente por vincularse “artificiosamente” con el caso Satenil S.A.. Bolani aclaró que “no es una cifra millonaria (el reclamo), son U$S 140.000, y nosotros creemos que asiste razón al municipio”. Hikone realizó el reclamo cuando no se le renovó el contrato de patrocinio que tenía con el municipio, suscripto durante la administración Antía. Para el intendente, esa empresa no sufrió daños y perjuicios, sino que a la inversa “incumplió con el municipio”.
Respecto a reclamos de carácter salarial o por la caída de decenas de subrogaciones, Bolani dijo que se sustancian en el plano judicial, por lo cual no pueden incorporarse a un pedido de juicio político. “Son elementos que tienen sus mecanismos de dilucidación dentro de la justicia y las jurisdicciones correspondientes y no son pertinentes para el caso que nos ocupa”.
El intendente agregó que, “en ese cuadro comparativo hay una infinita y superior transparencia en los actos de gobierno, y hay un cumplimiento escrito de los roles que tiene el gobierno departamental. Al comparar dos gestiones, naturalmente la gestión del anterior gobierno aparece contradictoria cuando el partido de ese gobierno nos hace un juicio político”, consideró. En este marco afirmó que no quedan dudas de que se “está jugando otro partido”, señalando que hubo coincidencia con una serie de acciones legales que varias empresa privadas llevan a cabo“en simultáneo ante la justicia y otros organismos del Estado. Lo que no nos queda claro es si el juicio político no coincide con intereses de empresas que tenían un tratamiento de privilegio en el departamento, y que al cortarse esos privilegios, llamativamente actúan de la misma forma y en el mismo sentido”, que el Partido Nacional.
El jefe comunal dijo que tras la instancia del martes, “lo que quedó planteado, es que los actos de inconstitucionalidad son de la anterior administración, y no porque nosotros queramos; fueron definidos por la suprema Corte de Justicia”, momento en el que hizo referencia a la rebaja salarial aplicada al funcionariado municipal, o a decretos sobre la forma de cobro de la Tasa Bromatológica y de Higiene. De los Santos recordó -a modo de ejemplo- que el acuerdo de su administración con los trabajadores por la rebaja salarial aplicada por la administración Antía, demando la erogación de U$S 7 millones.

OTRAS COINCIDENCIAS
De los Santos subrayó además, que mientras estos días la principal noticia fue su comparecencia en el Senado, prácticamente nadie habla de la importancia de lo votado la noche del martes en la Junta Departamental (por la bancada del FA y varios ediles del PN), donde se dio anuencia al Ejecutivo, para avanzar en la concreción de uno de los grandes y más anhelados proyectos: el Centro de Convenciones y Predio Ferial de El Jaguel.
“El juicio político y el recibimiento de la Comisión al intendente y su equipo, y a los ediles del Partido Nacional, se hace el mismo día que los ediles del Frente Amplio, votan la anuencia para el comodato del llamado internacional para el Centro de Convenciones y Predio Ferial. No quedan dudas que desde el punto de vista de distinción de la noticia, tiene mucho más peso en términos políticos, el juicio político, que el avance en la agenda de Maldonado que dio (el martes) la Junta Departamental de Maldonado”. Este tema, recordó De los Santos, estaba desde el mes de agosto a estudio de la Junta Departamental, y la idea había sido que se tratara en diciembre, antes del receso del legislativo, por la importancia de ese proyecto para Maldonado.
Redactado: R.A.