Quintana explicó que hay una nueva modalidad de organizar fiestas en propiedades particulares, en las que la Junta carolina no puede intervenir salvo que se produzcan ruidos molestos o situaciones que alteren el orden público. “La junta no tiene potestades para ni para autorizarlas ni para prohibirlas, a menos que se violen límites de volumen en la música”, explicó.
Ante eso existen sanciones económicas - la primera sanción por ruidos molestos es de $ 650 y la segunda es de $ 860- y no hay más para hacer. “Asesorándonos con la división de Jurídica y abogados de la Intendencia, se resolvió radicar denuncia penal por “desacato” contra quienes incumplen la normativa aun habiendo pagado las multas. “En el correr de la tarde de este miércoles haremos la tercera de las denuncias de este tipo. Son tres casos diferentes”, precisó.
Quintana añadió que en el primer caso, los inquilinos ya dejaron la finca desde la que producían los molestos ruidos que alteraban a los vecinos. En el segundo caso, la Justicia no se expidió y dio un plazo de 10 días para ver el comportamiento de los jóvenes antes de hacerlo.
“Los problemas se han atenuado pero, lo he dicho en reiteradas oportunidades, será motivo de atención en el próximo gobierno la necesidad de legislar ante esta nueva modalidad de fiestas privadas”, señaló. A su juicio, esto otorgará a la Junta carolina y a la Intendencia “otras herramientas para combatir este tipo de situaciones en la zona balnearia”.
Ante eso existen sanciones económicas - la primera sanción por ruidos molestos es de $ 650 y la segunda es de $ 860- y no hay más para hacer. “Asesorándonos con la división de Jurídica y abogados de la Intendencia, se resolvió radicar denuncia penal por “desacato” contra quienes incumplen la normativa aun habiendo pagado las multas. “En el correr de la tarde de este miércoles haremos la tercera de las denuncias de este tipo. Son tres casos diferentes”, precisó.
Quintana añadió que en el primer caso, los inquilinos ya dejaron la finca desde la que producían los molestos ruidos que alteraban a los vecinos. En el segundo caso, la Justicia no se expidió y dio un plazo de 10 días para ver el comportamiento de los jóvenes antes de hacerlo.
“Los problemas se han atenuado pero, lo he dicho en reiteradas oportunidades, será motivo de atención en el próximo gobierno la necesidad de legislar ante esta nueva modalidad de fiestas privadas”, señaló. A su juicio, esto otorgará a la Junta carolina y a la Intendencia “otras herramientas para combatir este tipo de situaciones en la zona balnearia”.
