De acuerdo a una notificación a la que accedió Punta News, la jueza Ana María Guzmán decretó el archivo de las actuaciones del expediente 2-19509/2016 con fecha 12 de octubre y por el que se investigó la compra de un terreno, al norte de Cerro Pelado, que realizó la intendencia a un particular.
Esta, y las otras tres denuncias presentadas en 2016 luego de una auditoría de la empresa Phoenix, fueron patrocinadas por el abogado Enrique Moller que asumió la representación de la IDM y como contraparte actuaron como defensores de Oscar De los Santos los abogados Gonzalo Pelocce y Marcelo Amoroso.
En diálogo con Punta News, Pelocce recordó que ninguna de las cuatro denuncias tramitadas desde entonces había prosperado y con esta decisión de Guzmán quedaba cerrado el capítulo por el que se habían puesto en tela de juicio decisiones adoptadas por el ejecutivo departamental encabezado por Oscar De Los Santos.
Respecto a la compra de este terreno, los defensores habían sostenido que la administración había realizado un llamado para personas o empresas que tuvieran tierras en esa zona de la capital y quisieran venderlas; en aquella instancia se presentó una única oferta y a partir de allí se desarrolló el proceso de acuerdo a lo que establece el TOCAF (regulador de todas las compras, contabilidad y administración financiera para los organismos públicos).
Sin embargo, la auditoría de Phoenix y varios asesores de la IDM durante el quinquenio 2015-2020, cuestionaron que no existió expediente fundamentando de por qué se limitó la oferta a tierras de la periferia norte solamente y que tampoco se había desarrollado una planificación urbanística que sustentara los requisitos establecidos para los padrones a adquirir.
También cuestionaron que el dueño del terreno lo había adquirido en 150 mil dólares, pero se lo había vendido a la IDM en 2.3 millones de dólares que, además, habían sido abonados de una forma “poco transparente” y sin que existiera tasación que avalara el precio. De acuerdo a esos valores, en 2007 el terreno había sido adquirido a un valor de US$ 4.090 por hectárea y en 2012 lo vendió a 65.000 dólares por hectárea en lo significó un aumento de quince veces el valor.
Luego de seis años de trámite, y con el decreto de Guzmán, se pone fin a las actuaciones sin consecuencias para los denunciados y en el entendido de que no se incurrió en delitos como el abuso de funciones o el fraude que fueron posibles tipificaciones que manejaron los denunciantes respecto a este expediente.
(Copyrigth Punta News)
Esta, y las otras tres denuncias presentadas en 2016 luego de una auditoría de la empresa Phoenix, fueron patrocinadas por el abogado Enrique Moller que asumió la representación de la IDM y como contraparte actuaron como defensores de Oscar De los Santos los abogados Gonzalo Pelocce y Marcelo Amoroso.
En diálogo con Punta News, Pelocce recordó que ninguna de las cuatro denuncias tramitadas desde entonces había prosperado y con esta decisión de Guzmán quedaba cerrado el capítulo por el que se habían puesto en tela de juicio decisiones adoptadas por el ejecutivo departamental encabezado por Oscar De Los Santos.
Respecto a la compra de este terreno, los defensores habían sostenido que la administración había realizado un llamado para personas o empresas que tuvieran tierras en esa zona de la capital y quisieran venderlas; en aquella instancia se presentó una única oferta y a partir de allí se desarrolló el proceso de acuerdo a lo que establece el TOCAF (regulador de todas las compras, contabilidad y administración financiera para los organismos públicos).
Sin embargo, la auditoría de Phoenix y varios asesores de la IDM durante el quinquenio 2015-2020, cuestionaron que no existió expediente fundamentando de por qué se limitó la oferta a tierras de la periferia norte solamente y que tampoco se había desarrollado una planificación urbanística que sustentara los requisitos establecidos para los padrones a adquirir.
También cuestionaron que el dueño del terreno lo había adquirido en 150 mil dólares, pero se lo había vendido a la IDM en 2.3 millones de dólares que, además, habían sido abonados de una forma “poco transparente” y sin que existiera tasación que avalara el precio. De acuerdo a esos valores, en 2007 el terreno había sido adquirido a un valor de US$ 4.090 por hectárea y en 2012 lo vendió a 65.000 dólares por hectárea en lo significó un aumento de quince veces el valor.
Luego de seis años de trámite, y con el decreto de Guzmán, se pone fin a las actuaciones sin consecuencias para los denunciados y en el entendido de que no se incurrió en delitos como el abuso de funciones o el fraude que fueron posibles tipificaciones que manejaron los denunciantes respecto a este expediente.
(Copyrigth Punta News)
