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Salazar ratificó que las intendencias tienen asignada la función de policía en el control de la instalación y explotación de máquinas tragamonedas, las que son autorizadas únicamente por la Dirección General de Casinos que no tiene la función de control policial.

La especialista explicó que lo que ocurría era que esos negocios de Maldonado pedían primero la habilitación a la dirección de Higiene de la intendencia, y una vez habilitados introducían luego las máquinas tragamonedas en los locales.

“La Dirección General de Casinos presentó una denuncia penal contra la intendencia por omisión”, manifestó, en lo que implícitamente admitió que la comuna no estaba cumpliendo con su labor de policía.

LOS JUEGOS DE AZAR ESTÁN PROHIBIDOS

Salazar dijo que “lo primero que hay que entender es que en el Uruguay los juegos de azar están prohibidos; la regla es que los juegos de azar están prohibidos; la excepción es que se crea un organismo, la Dirección General de Casinos, que es quien tiene la potestad de poder confeccionar el juego en aquellos casos que lo entienda así pertinente”.

“Hace un tiempo que la Dirección General de Casinos nos había dicho que había constatado que en Maldonado había muchas almacenes, bares, quioscos, que estaban habilitados como tales, pero que sin embargo existían tragamonedas” en ellos, contó.

Agregó que Casinos indicó a la Intendencia de Maldonado que debía “inspeccionar y que era una responsabilidad de la intendencia, porque ellos si bien tienen el monopolio del juego de azar, y si bien son los que tienen la dirección y los pueden concesionar, no son policía en la materia”.

“A raíz de eso, después de haber tenido una conversación con ellos, y además sabiendo las dificultades para distinguir lo que son los juegos electrónicos de las máquinas de azar, la Dirección General de Casinos fue la que indicó cuáles son aquellos negocios en los que se estaría violando esta prohibición existiendo (explotando) las tragamonedas”, admitió.

Explicó que “una vez constatados quienes son los que tienen las tragamonedas lo que hizo la intendencia fue dar cumplimiento no solamente a la ley nacional, sino también a un decreto departamental”.

“Porque además, en el caso de Maldonado la prohibición es doble, por la ley nacional pero también por los decretos departamentales; hay un decreto (Nº 3628) que prohíbe directamente la instalación de tragamonedas en los negocios, en almacenes, bares, en los quioscos”.

PUEDE HABER “FALLADO” LA INSPECCIÓN

La funcionaria admitió que en este caso “en realidad, en todo caso, lo que puede haber fallado es la inspección; había, si se quiere, algún tipo en todo caso de tolerancia hacia ellos (los comercios que instalaban las tragamonedas), o tal vez un desconocimiento pleno de la existencia que había de las mismas”.

“Constatado que existe el incumplimiento del decreto departamental que especialmente también las prohíbe, entonces lo que se hace es que se intima a que las retiren; solamente se cierra el negocio en caso de que no se cumpla con esa intimación, pero en principio lo que se hace es intimar para que las retiren y de hecho así lo han hecho muchos de estos bares y estos quioscos”, afirmó.

Se detuvo en que “el año pasado tuvimos una acción de amparo en donde en uno de estos negocios, en este caso en San Carlos, se presentó ante la Justicia letrada diciendo que estaba en su derecho poder tener instalado este tipo de maquinitas aduciendo la libertad de trabajo”.

“La Justicia dio la razón a la intendencia y lo obligó a que la retirara, o de lo contrario a que cerrara”, señaló, explicando el único tema en el que la intendencia obtuvo un reconocimiento de la Justicia en esta demanda de la Dirección General de Casinos por omisión de funciones.