El artículo 4º de la ley 17.815 sobre violencia sexual comercial o no comercial contra niños, adolescentes e incapaces establece penas de entre 2 y 12 años de cárcel. Entre las medias dispuestas por la justicia para este individuo, se determinó el cierre de fronteras y la entrega del pasaporte.
Por este caso hay otros tres hombres, un argentino, un brasileño y un uruguayo, que están requerido por su presunta vinculación a la investigación.
Cabe agregar que este ciudadano argentino residía en la zona desde hace varios años y estaba al frente de un centro educativo de Punta del Este.