El abogado Jorge Barrera sostuvo que el futuro de la seguridad pública en Uruguay está directamente relacionado con lo que ocurra dentro de las cárceles y con la capacidad del sistema para rehabilitar y reinsertar a las personas privadas de libertad.
“La seguridad pública del Uruguay de los próximos años tiene mucha relación con lo que está pasando en la población carcelaria de hoy”, afirmó Barrera en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.
“Promedialmente una persona va a estar en prisión alrededor de unos siete años”, señaló. Por ese motivo, consideró que “si la tarea de rehabilitación, si la tarea de luego la inserción dentro de la sociedad no es productiva y no baja la reincidencia, indudablemente esto no solamente afecta a quien está siendo hoy recluido, sino que afecta directamente en la seguridad pública”.
Para Barrera, existe una falsa oposición entre los derechos de las personas privadas de libertad y los derechos del resto de la sociedad.
“Cuando una persona se reinserta y se rehabilita, no solamente logra un beneficio la propia persona que ha sido recluida, sino toda la sociedad, porque si baja la reincidencia y hay mayor número de rehabilitados, eso va a favorecer a la seguridad pública en general”, sostuvo.
El especialista planteó que Uruguay debería contar con una política criminal que trascienda a los distintos gobiernos.
Si a mí hoy me dicen cuál es el tema central en materia de seguridad, en primer lugar es tener presente que hay distintas etapas”, afirmó.
En ese sentido, mencionó la prevención, la represión, la rehabilitación y la reinserción.
“Las cárceles tienen como misión la rehabilitación y queda solamente en un tema declarativo, y queda en un tema denunciado, y queda en un discurso, y eso no se plasma en resultados concretos y en baja de la reincidencia, pierde toda la sociedad”, señaló.
Barrera también cuestionó la discusión planteada como una oposición entre quienes cometieron delitos y quienes fueron víctimas.
“No hay que tener esa discusión casi futbolística de unos contra otros, de que acá están los derechos de las personas que no cometieron delito versus las personas que cometieron delito”, expresó.
“La dignidad humana es una”, agregó, aunque remarcó que quien comete un delito debe responder por sus actos.
“No hay un derecho penal de unos y un derecho penal de otros”
Consultado sobre las diferencias de criterio que pueden existir frente a las penas, Barrera sostuvo que la sociedad suele reaccionar de manera distinta según quién sea la persona involucrada.
“Si se trata de una persona que no conocemos o un familiar, todos queremos la mayor pena posible, mano dura, que, en definitiva, hablando vulgarmente, si se pudre en la cárcel es mejor. Pero si la misma situación le toca a un conocido, un familiar, a una persona del entorno, en la misma situación se piden más garantías”, explicó.
Por eso, planteó: “No hay un derecho penal de unos y un derecho penal de otros. Hay que ir hacia un derecho penal de nosotros”.
También defendió la inversión en el sistema penitenciario, pero no como un beneficio exclusivo para quienes cumplen condena.
“Cuando uno dice, bueno, hay que invertir en cárceles, no es para favorecer a quien cometió un delito en detrimento de las víctimas o en detrimento de la sociedad”, afirmó.
Según Barrera, una persona que sale de prisión sin herramientas para reinsertarse puede volver a delinquir.
“Si quien sale de la reclusión sale con más nivel de violencia, en una escuela del delito, en una escuela del crimen, en un perfeccionamiento hasta de las técnicas delictivas, eso va a influir negativamente en toda la población cuando esa persona, en definitiva, salga”, advirtió.
“Creo profundamente en las segundas oportunidades”
También fue consultado sobre si existen personas privadas de libertad que pueden ser rehabilitadas.
“Sí, claro, por supuesto que sí”, respondió.
“El derecho es una segunda oportunidad. Y que uno tenga tasas de rehabilitación que en el mundo han podido mejorar esas tasas, ¿por qué no lo puede hacer en Uruguay?”, planteó.
Para el abogado, la posibilidad de reinsertarse debe estar acompañada por herramientas concretas.
“Una persona comete un delito, sale de la cárcel sin un peso y sin trabajo. ¿Qué destino le podemos exigir?”, cuestionó.
Aclaró que hablar de rehabilitación no significa quitar responsabilidad por los delitos cometidos.
“Eso no significa que quien ha cometido un delito no tenga que responder por ello, porque la libertad va de la mano de la responsabilidad”, sostuvo.
Insistió en que la reducción de la reincidencia debería ser uno de los objetivos centrales de las políticas de seguridad.
“En los países que se baja la tasa de reincidencia es casi de Perogrullo que la seguridad pública mejora”, afirmó.
Y concluyó: “Creo profundamente en las segundas oportunidades y creo en la rehabilitación, pero no solamente desde el punto de vista filosófico”.
Según Barrera, esas segundas oportunidades deben estar acompañadas por herramientas concretas, entre ellas el acceso al trabajo una vez cumplida la condena.
“La seguridad pública del Uruguay de los próximos años tiene mucha relación con lo que está pasando en la población carcelaria de hoy”, afirmó Barrera en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.
“Promedialmente una persona va a estar en prisión alrededor de unos siete años”, señaló. Por ese motivo, consideró que “si la tarea de rehabilitación, si la tarea de luego la inserción dentro de la sociedad no es productiva y no baja la reincidencia, indudablemente esto no solamente afecta a quien está siendo hoy recluido, sino que afecta directamente en la seguridad pública”.
Para Barrera, existe una falsa oposición entre los derechos de las personas privadas de libertad y los derechos del resto de la sociedad.
“Cuando una persona se reinserta y se rehabilita, no solamente logra un beneficio la propia persona que ha sido recluida, sino toda la sociedad, porque si baja la reincidencia y hay mayor número de rehabilitados, eso va a favorecer a la seguridad pública en general”, sostuvo.
El especialista planteó que Uruguay debería contar con una política criminal que trascienda a los distintos gobiernos.
Si a mí hoy me dicen cuál es el tema central en materia de seguridad, en primer lugar es tener presente que hay distintas etapas”, afirmó.
En ese sentido, mencionó la prevención, la represión, la rehabilitación y la reinserción.
“Las cárceles tienen como misión la rehabilitación y queda solamente en un tema declarativo, y queda en un tema denunciado, y queda en un discurso, y eso no se plasma en resultados concretos y en baja de la reincidencia, pierde toda la sociedad”, señaló.
Barrera también cuestionó la discusión planteada como una oposición entre quienes cometieron delitos y quienes fueron víctimas.
“No hay que tener esa discusión casi futbolística de unos contra otros, de que acá están los derechos de las personas que no cometieron delito versus las personas que cometieron delito”, expresó.
“La dignidad humana es una”, agregó, aunque remarcó que quien comete un delito debe responder por sus actos.
“No hay un derecho penal de unos y un derecho penal de otros”
Consultado sobre las diferencias de criterio que pueden existir frente a las penas, Barrera sostuvo que la sociedad suele reaccionar de manera distinta según quién sea la persona involucrada.
“Si se trata de una persona que no conocemos o un familiar, todos queremos la mayor pena posible, mano dura, que, en definitiva, hablando vulgarmente, si se pudre en la cárcel es mejor. Pero si la misma situación le toca a un conocido, un familiar, a una persona del entorno, en la misma situación se piden más garantías”, explicó.
Por eso, planteó: “No hay un derecho penal de unos y un derecho penal de otros. Hay que ir hacia un derecho penal de nosotros”.
También defendió la inversión en el sistema penitenciario, pero no como un beneficio exclusivo para quienes cumplen condena.
“Cuando uno dice, bueno, hay que invertir en cárceles, no es para favorecer a quien cometió un delito en detrimento de las víctimas o en detrimento de la sociedad”, afirmó.
Según Barrera, una persona que sale de prisión sin herramientas para reinsertarse puede volver a delinquir.
“Si quien sale de la reclusión sale con más nivel de violencia, en una escuela del delito, en una escuela del crimen, en un perfeccionamiento hasta de las técnicas delictivas, eso va a influir negativamente en toda la población cuando esa persona, en definitiva, salga”, advirtió.
“Creo profundamente en las segundas oportunidades”
También fue consultado sobre si existen personas privadas de libertad que pueden ser rehabilitadas.
“Sí, claro, por supuesto que sí”, respondió.
“El derecho es una segunda oportunidad. Y que uno tenga tasas de rehabilitación que en el mundo han podido mejorar esas tasas, ¿por qué no lo puede hacer en Uruguay?”, planteó.
Para el abogado, la posibilidad de reinsertarse debe estar acompañada por herramientas concretas.
“Una persona comete un delito, sale de la cárcel sin un peso y sin trabajo. ¿Qué destino le podemos exigir?”, cuestionó.
Aclaró que hablar de rehabilitación no significa quitar responsabilidad por los delitos cometidos.
“Eso no significa que quien ha cometido un delito no tenga que responder por ello, porque la libertad va de la mano de la responsabilidad”, sostuvo.
Insistió en que la reducción de la reincidencia debería ser uno de los objetivos centrales de las políticas de seguridad.
“En los países que se baja la tasa de reincidencia es casi de Perogrullo que la seguridad pública mejora”, afirmó.
Y concluyó: “Creo profundamente en las segundas oportunidades y creo en la rehabilitación, pero no solamente desde el punto de vista filosófico”.
Según Barrera, esas segundas oportunidades deben estar acompañadas por herramientas concretas, entre ellas el acceso al trabajo una vez cumplida la condena.
