La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera, imputó a dos personas y condenó a otras dos por integrar una organización dedicada a la venta de terrenos con documentos falsos en el balneario Punta Negra, que era sostenida por una inmobiliaria.
Todo se originó a mediados de 2019 cuando la entonces dirección de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado comenzó a recibir “con estupor”, denuncias de todo tipo de residentes en esa zona de la costa del departamento, vinculadas a maniobras con terrenos.
Las distintas áreas de la citada dependencia trabajaron profundamente en el caso, cruzando información con otras oficinas, como por ejemplo la dirección de Vivienda, hasta que comenzaron a encontrar muchas coincidencias que llamaban la atención.
En las transacciones siempre aparecían los nombres de las mismas personas (dos hermanos), como apoderadas y vendedoras, y la misma inmobiliaria de Piriápolis detrás de los negocios con los terrenos de Punta Negra.
En momentos de pandemia, las sospechas aumentaron ya que mientras todo el sector atravesaba por una fuerte depresión, producto de la escasa movilidad, esa inmobiliaria era la única de Piriápolis que lograba rentabilidad.
Según indicaron fuentes cercanas al caso a FM Gente, la denuncia “durmió” durante mucho tiempo en una Fiscalía, hasta que el caso fue asumido por la Fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sandra Freitas.
Freitas pudo descubrir una trama compleja pero que había quedado en evidencia al reiterarse los nombres de los protagonistas y la misma inmobiliaria: se usaba un poder falso para concretar compraventas de terrenos en nombre de otras personas.
Para ello se había falsificado la firma de un escribano y se utilizó su sello, aunque ya había fallecido y no emitía poderes desde la década de los 80. Los estafadores, también accedieron a datos sobre decenas de terrenos.
Se trataba de predios que eran propiedad de argentinos, muchos de ellos fallecidos, o de otros que nunca vinieron a la zona, asegurándose que no eran cuidados ni vigilados por nadie que pudiera descubrir las estafas.
La misma fuente dijo a FM Gente, que en los 70 se vendieron muchos terrenos en la zona de Punta Negra a costos muy accesibles, y que los compradores fueron argentinos de clase media baja, muchos de los cuales ni siquiera estuvieron alguna vez en Uruguay.
Con el poder falsificado, la organización actuaba en forma ficticia en nombre de los propietarios y se vendían los terrenos entre sus propios integrantes, sin abonar precio alguno o en todo caso, solo una ínfima parte del valor real.
Posteriormente vendían los terrenos a terceros compradores de buena fe, negocios por los que obtuvieron miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban como pantalla la inmobiliaria de Piriápolis.
Además de los 4 judicializados hasta el momento, está requerido el propietario de la inmobiliaria y probablemente su pareja, quienes se encuentran de viaje en Río de Janeiro de donde estarían retornando el próximo domingo.
Todo se originó a mediados de 2019 cuando la entonces dirección de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado comenzó a recibir “con estupor”, denuncias de todo tipo de residentes en esa zona de la costa del departamento, vinculadas a maniobras con terrenos.
Las distintas áreas de la citada dependencia trabajaron profundamente en el caso, cruzando información con otras oficinas, como por ejemplo la dirección de Vivienda, hasta que comenzaron a encontrar muchas coincidencias que llamaban la atención.
En las transacciones siempre aparecían los nombres de las mismas personas (dos hermanos), como apoderadas y vendedoras, y la misma inmobiliaria de Piriápolis detrás de los negocios con los terrenos de Punta Negra.
En momentos de pandemia, las sospechas aumentaron ya que mientras todo el sector atravesaba por una fuerte depresión, producto de la escasa movilidad, esa inmobiliaria era la única de Piriápolis que lograba rentabilidad.
Según indicaron fuentes cercanas al caso a FM Gente, la denuncia “durmió” durante mucho tiempo en una Fiscalía, hasta que el caso fue asumido por la Fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sandra Freitas.
Freitas pudo descubrir una trama compleja pero que había quedado en evidencia al reiterarse los nombres de los protagonistas y la misma inmobiliaria: se usaba un poder falso para concretar compraventas de terrenos en nombre de otras personas.
Para ello se había falsificado la firma de un escribano y se utilizó su sello, aunque ya había fallecido y no emitía poderes desde la década de los 80. Los estafadores, también accedieron a datos sobre decenas de terrenos.
Se trataba de predios que eran propiedad de argentinos, muchos de ellos fallecidos, o de otros que nunca vinieron a la zona, asegurándose que no eran cuidados ni vigilados por nadie que pudiera descubrir las estafas.
La misma fuente dijo a FM Gente, que en los 70 se vendieron muchos terrenos en la zona de Punta Negra a costos muy accesibles, y que los compradores fueron argentinos de clase media baja, muchos de los cuales ni siquiera estuvieron alguna vez en Uruguay.
Con el poder falsificado, la organización actuaba en forma ficticia en nombre de los propietarios y se vendían los terrenos entre sus propios integrantes, sin abonar precio alguno o en todo caso, solo una ínfima parte del valor real.
Posteriormente vendían los terrenos a terceros compradores de buena fe, negocios por los que obtuvieron miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban como pantalla la inmobiliaria de Piriápolis.
Además de los 4 judicializados hasta el momento, está requerido el propietario de la inmobiliaria y probablemente su pareja, quienes se encuentran de viaje en Río de Janeiro de donde estarían retornando el próximo domingo.
