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Ramón Zorraquín, propietario de un predio de 36 hectáreas en la zona de Aparicio Saravia, dijo a FM Gente que se ha conformado “una suerte de consocio” con los otros dueños de terrenos en la zona, para reclamar que se estudien alternativas a este plan de la Intendencia.

Confirmó que se le quieren pagar un monto de 150 millones de pesos por la expropiación de este predio que su familia posee desde el año 1949 y que adquirió en su totalidad en un remate en 2011. Reveló que en ese entonces pagó 90 millones de pesos, lo que significaba unos 15 dólares el metro cuadrado, y ahora se le quiere expropiar a 11 dólares el metro cuadrado, cuando incluso se ha cambiado la normativa de construcción en esa zona.

Zorraquín aclaró que “nadie puede estar en contra de que se busque una solución a estos asentamientos”, pero dijo que el proyecto planteado “no es la mejor alternativa”.

Destacó que los propietarios que se consideran afectados por esta medida están dispuestos, incluso, a hacer un aporte si se buscan otros terrenos para trasladar a los habitantes de estos asentamientos.

Consideró que el lugar para el traslado no es el más indicado y sostuvo que es ahora una entrada a Punta del Este, para quienes no quieren ingresar a la península, y señaló que tiene planeado dividir su predio para ofrecer servicios al Centro de Convenciones que se construye en la zona y, además, construir un complejo de apartamentos y un barrio parque de nivel residencial.

Si bien se negó manejar la palabra “resistir” para hablar de las acciones que se emprenderán si finalmente se concreta la expropiación, dijo que “en el peor escenario”, habrá un juicio contra la Intendencia, que quizás se termine dirimiendo en unos 30 años.

Zorraquín dijo que, si bien es descendiente del uruguayo Constancio C. Vigil, vivía en Argentina y se vino huyendo de la poca transparencia que había allá y porque “acá estas cosas no pasaban”.

Señaló que uno de los propietarios de la zona se reunió con el intendente Enrique Antía, pero no hubo buenos resultados. El jefe comunal le dijo que si bien se iban a buscar que la medida fuera lo menos perjudicial posible, hay intereses generales que están por encima de los particulares y que “esta ya es una decisión tomada”.