Moroy subrayó que sólo con la voluntad de la bancada oficialista, el gobierno municipal contaría con la autorización, porque cuenta con mayoría simple en ese ámbito. “Pero vemos que reiteradamente se está solicitando cifras muy importantes y comprometiendo recaudaciones futuras de la intendencia, sin la debida anuencia de la Junta Departamental tal cual lo establece la Constitución y la ley”, insistió Moroy, quien dijo no entender la actitud del Ejecutivo y particularmente “del intendente”.
“Nos llama la atención en alguien que estuvo muchos años en la Junta y entiende la importancia que ésta tiene”, dijo en alusión a De los Santos, aunque desde la primera semana de febrero la titularidad del municipio quedó en manos del maestro Gustavo Salaberry.
“Lamentablemente, otra vez se desconoce a esta otra mitad de gobierno, no se la respeta. A su vez, se está solicitando y otorgando créditos a instituciones de plaza y comprometiendo fondos de la futura recaudación de la intendencia, sin la debida autorización”, enfatizó Moroy.
DENUNCIA PENAL ARCHIVADA
Por su parte el edil Martín Laventure calificó de “mentiroso” al ex intendente y se refirió a una denuncia que tenía en su contra, presentada por la directora de jurídica, María del Carmen Salazar y el propio De los Santos.
El edil aseguró que el ex intendente y su directora cometieron una “irresponsabilidad” e hicieron una "denuncia política" que luego fue archivada. Por eso no descartó iniciar acciones judiciales porque De los Santos "siguió hablando del tema" aunque el caso fue archivado. (Ampliaremos.)
CARTELES FUERA DE LUGAR
Por su parte, la edila nacionalista Magdalena Zumarán realizó un pedido de informes a la intendencia de Maldonado sobre la colocación de pasacalles, afiches, pinturas o volantes que afectan la propiedad privada o pública.
En su pedido, Zumarán expresa que la avenida Alvariza de la ciudad de San Carlos presenta en toda su extensión carteles electorales de la lista del ex intendente Oscar de los Santos.
En ese marco desea saber quién tiene la responsabilidad de controlar que la mencionada reglamentación se cumpla, cuáles son las medidas que se han tomado frente a la violación de la normativa vigente, y que sanciones corresponden y quien las dicta.