SINPOLUR, al que están afiliados unos 150 policías de Maldonado, denuncia que todavía están por cobrar diciembre de 2009, lo cual consideran ilegal. El sindicato sostiene que este atraso podría evitase se cobrara por adelantado a los contratantes o hasta diez días después de realizado el servicio, como establece la ley.
A juicio de Serrón, este problema que cientos de policías atraviesan mes a mes, se solucionaría si la Jefatura aplicara multas y recargos a los contratantes que no cumplen en fecha con los pagos, tanto sean empresas públicas como privadas.
“Le deben al Ministerio del Interior, la Jefatura nos debe a nosotros y nosotros debemos servicios básicos, como luz, agua y teléfono al punto que algunos compañeros ya tienen aviso de corte”, lamentó Serrón, para subrayar que el servicio 222 “es el sustento de la familia policial” y “no es posible ser rehenes todos los meses”.
El dirigente gremial señaló que el pre-conflicto se levantará cuando se cancelen los haberes de diciembre y que, por otra parte, esperan ansiosamente la instalación de un nuevo comando en la jefatura fernandina para instalar una mesa de diálogo y pedir que, en adelante, se cumplan las disposiciones de las leyes 13.318 y 16.320.
También adelantó que el próximo 23 habrá una reunión nacional en Montevideo, en la que tratarán este tema.
A juicio de Serrón, este problema que cientos de policías atraviesan mes a mes, se solucionaría si la Jefatura aplicara multas y recargos a los contratantes que no cumplen en fecha con los pagos, tanto sean empresas públicas como privadas.
“Le deben al Ministerio del Interior, la Jefatura nos debe a nosotros y nosotros debemos servicios básicos, como luz, agua y teléfono al punto que algunos compañeros ya tienen aviso de corte”, lamentó Serrón, para subrayar que el servicio 222 “es el sustento de la familia policial” y “no es posible ser rehenes todos los meses”.
El dirigente gremial señaló que el pre-conflicto se levantará cuando se cancelen los haberes de diciembre y que, por otra parte, esperan ansiosamente la instalación de un nuevo comando en la jefatura fernandina para instalar una mesa de diálogo y pedir que, en adelante, se cumplan las disposiciones de las leyes 13.318 y 16.320.
También adelantó que el próximo 23 habrá una reunión nacional en Montevideo, en la que tratarán este tema.
