La situación de las 16 familias de Los Eucaliptus que recibieron órdenes de desalojo generó preocupación entre los vecinos del asentamiento.
La Intendencia de Maldonado sostiene que esas familias no pudieron demostrar que ya vivían en el lugar cuando se realizó el censo utilizado como base para el proyecto de regularización del barrio. Además, algunas de las viviendas están ubicadas en terrenos donde está previsto construir calles y obras de saneamiento.
En la tarde del jueves, un equipo de FM GENTE estuvo en Los Eucaliptus y habló con una de las mujeres que recibió la notificación de desalojo.
La mujer es de nacionalidad colombiana y contó que llegó a Uruguay con sus hijos después de atravesar distintas situaciones de violencia y amenazas en su país.
“Yo estoy acá en esta zona desde el 2023”, explicó.
Contó que antes de llegar al asentamiento había vivido en otros lugares y que durante un tiempo pagó un alquiler, pero que la situación económica se volvió insostenible.
Según contó, llegó a Los Eucaliptus sin conocer previamente el lugar. “No sabía que existía”, afirmó.
Explicó que una tarde llegó al lugar y decidió comenzar a construir un espacio para poder vivir junto a sus hijos.
“En una misma noche yo armé un cuadrito así donde me metí con mis dos hijos”, contó.
Con el paso del tiempo, esa primera construcción fue creciendo hasta convertirse en la vivienda que tiene actualmente.
“Mi casa en este momento la tengo valorizada por mucho dinero porque yo a esta casa le he invertido mucho”, señaló.
“La pregunta mía es, ¿por qué me dejaron invertir en ese momento? Va para cuatro años atrás, ¿por qué me dejaron invertir? Y no me dijeron: ‘No, en este momento usted no puede hacerse ahí, la tiene que desocupar’”, cuestionó.
UN HIJO REFUGIADO
La mujer también contó que uno de sus hijos tiene actualmente condición de refugiado en Uruguay tras ser víctima de la guerrilla narco en territorio colombiano.
Relató que cuando era niño, su padre fue asesinado en Colombia y que posteriormente tuvo que trasladarse por distintas ciudades del país debido a amenazas y situaciones de violencia.
“Cuando él era un niño, me le mataron el papá en Colombia”, contó.
Dijo que vivió en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira antes de tomar la decisión de abandonar Colombia.
Explicó que actualmente su hijo se encuentra en Uruguay con documentación que acredita su condición de refugiado.
“NO TENEMOS A DÓNDE IR"
La mujer contó que, tras recibir la primera notificación de desalojo, intentó buscar respuestas ante las autoridades.
“Cuando nos llegó el documento amarillo que decía que había que desalojar inmediatamente, yo me dirigí hacia los contenedores”, relató.
Según su versión, allí le indicaron que debía buscar otro lugar donde vivir.
“Me dijo que no había opciones de ninguna clase, que buscara para dónde irme, dónde arrimar, que un familiar, un amigo, no sé, que me dejara construir en otro lugar, pero que yo tenía que desalojar inmediatamente”, afirmó.
Posteriormente, los vecinos buscaron asistencia legal y actualmente son representados por una abogada.
La mujer sostiene que no solo están afectadas familias extranjeras.
“Hay muchos uruguayos también con niños menores de edad”, afirmó.
Y resumió la preocupación de las familias con una frase: “Ninguna de las familias tenemos a dónde ir”.
También cuestionó que algunas familias hayan sido trasladadas dentro del proceso de regularización mientras otras recibieron órdenes de desalojo.
“Si reubicaron a unas personas, ¿por qué no van a ubicar a personas que estamos acá al lado de la laguna, que es por donde va a pasar la calle?”, planteó.
“Yo sé que de pronto no somos de acá, somos de otro país, sí, pero a nosotros nos dio el ingreso Uruguay, nos dejaron estar acá. Tenemos trabajo, llevamos muchos años acá trabajando, somos personas honestas, responsables”, afirmó.
“Yo tengo los documentos que constan que estoy desde el 2023 y que UTE me instaló en junio del 2023”, sostuvo.
Las familias continúan a la espera de la resolución de su situación mientras avanza el proceso judicial relacionado con los desalojos.
FAMILIA URUGUAYA
FM GENTE también dialogó con una mujer que vive en Los Eucaliptus desde enero de 2023, donde construyó su vivienda junto a su pareja y sus tres hijos. Contó que nunca recibió un pedido de documentación por parte de la Intendencia para demostrar cuánto tiempo llevaba allí y que, tras recibir la notificación de desalojo, acudió a los contenedores donde atienden las asistentes, pero aseguró que le dijeron que no había una solución para su familia.
“Me dijeron que no tenía solución, que teníamos que irnos a la calle, que me pusiera a trabajar doble turno y que los niños comieran en la escuela”, relató. Claudia sostuvo que entiende que en el lugar está prevista la construcción de una calle y una obra de saneamiento, pero reclama que, si deben dejar la vivienda, se les ofrezca una alternativa. “A la calle no”, afirmó.
La familia ya entregó documentación a la abogada que los representa para acreditar que vive allí desde hace años. La primera notificación llegó en agosto y luego recibieron un cedulón con un plazo de 10 días hábiles para responder. “Ya lo contestamos, ya mandamos todo”, explicó. Por ahora, aseguró que no han recibido nuevas respuestas y esperan saber si serán reubicados, si recibirán algún tipo de ayuda o si deberán dejar el lugar sin una alternativa habitacional.
La Intendencia de Maldonado sostiene que esas familias no pudieron demostrar que ya vivían en el lugar cuando se realizó el censo utilizado como base para el proyecto de regularización del barrio. Además, algunas de las viviendas están ubicadas en terrenos donde está previsto construir calles y obras de saneamiento.
En la tarde del jueves, un equipo de FM GENTE estuvo en Los Eucaliptus y habló con una de las mujeres que recibió la notificación de desalojo.
La mujer es de nacionalidad colombiana y contó que llegó a Uruguay con sus hijos después de atravesar distintas situaciones de violencia y amenazas en su país.
“Yo estoy acá en esta zona desde el 2023”, explicó.
Contó que antes de llegar al asentamiento había vivido en otros lugares y que durante un tiempo pagó un alquiler, pero que la situación económica se volvió insostenible.
Según contó, llegó a Los Eucaliptus sin conocer previamente el lugar. “No sabía que existía”, afirmó.
Explicó que una tarde llegó al lugar y decidió comenzar a construir un espacio para poder vivir junto a sus hijos.
“En una misma noche yo armé un cuadrito así donde me metí con mis dos hijos”, contó.
Con el paso del tiempo, esa primera construcción fue creciendo hasta convertirse en la vivienda que tiene actualmente.
“Mi casa en este momento la tengo valorizada por mucho dinero porque yo a esta casa le he invertido mucho”, señaló.
“La pregunta mía es, ¿por qué me dejaron invertir en ese momento? Va para cuatro años atrás, ¿por qué me dejaron invertir? Y no me dijeron: ‘No, en este momento usted no puede hacerse ahí, la tiene que desocupar’”, cuestionó.
UN HIJO REFUGIADO
La mujer también contó que uno de sus hijos tiene actualmente condición de refugiado en Uruguay tras ser víctima de la guerrilla narco en territorio colombiano.
Relató que cuando era niño, su padre fue asesinado en Colombia y que posteriormente tuvo que trasladarse por distintas ciudades del país debido a amenazas y situaciones de violencia.
“Cuando él era un niño, me le mataron el papá en Colombia”, contó.
Dijo que vivió en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira antes de tomar la decisión de abandonar Colombia.
Explicó que actualmente su hijo se encuentra en Uruguay con documentación que acredita su condición de refugiado.
“NO TENEMOS A DÓNDE IR"
La mujer contó que, tras recibir la primera notificación de desalojo, intentó buscar respuestas ante las autoridades.
“Cuando nos llegó el documento amarillo que decía que había que desalojar inmediatamente, yo me dirigí hacia los contenedores”, relató.
Según su versión, allí le indicaron que debía buscar otro lugar donde vivir.
“Me dijo que no había opciones de ninguna clase, que buscara para dónde irme, dónde arrimar, que un familiar, un amigo, no sé, que me dejara construir en otro lugar, pero que yo tenía que desalojar inmediatamente”, afirmó.
Posteriormente, los vecinos buscaron asistencia legal y actualmente son representados por una abogada.
La mujer sostiene que no solo están afectadas familias extranjeras.
“Hay muchos uruguayos también con niños menores de edad”, afirmó.
Y resumió la preocupación de las familias con una frase: “Ninguna de las familias tenemos a dónde ir”.
También cuestionó que algunas familias hayan sido trasladadas dentro del proceso de regularización mientras otras recibieron órdenes de desalojo.
“Si reubicaron a unas personas, ¿por qué no van a ubicar a personas que estamos acá al lado de la laguna, que es por donde va a pasar la calle?”, planteó.
“Yo sé que de pronto no somos de acá, somos de otro país, sí, pero a nosotros nos dio el ingreso Uruguay, nos dejaron estar acá. Tenemos trabajo, llevamos muchos años acá trabajando, somos personas honestas, responsables”, afirmó.
“Yo tengo los documentos que constan que estoy desde el 2023 y que UTE me instaló en junio del 2023”, sostuvo.
Las familias continúan a la espera de la resolución de su situación mientras avanza el proceso judicial relacionado con los desalojos.
FAMILIA URUGUAYA
FM GENTE también dialogó con una mujer que vive en Los Eucaliptus desde enero de 2023, donde construyó su vivienda junto a su pareja y sus tres hijos. Contó que nunca recibió un pedido de documentación por parte de la Intendencia para demostrar cuánto tiempo llevaba allí y que, tras recibir la notificación de desalojo, acudió a los contenedores donde atienden las asistentes, pero aseguró que le dijeron que no había una solución para su familia.
“Me dijeron que no tenía solución, que teníamos que irnos a la calle, que me pusiera a trabajar doble turno y que los niños comieran en la escuela”, relató. Claudia sostuvo que entiende que en el lugar está prevista la construcción de una calle y una obra de saneamiento, pero reclama que, si deben dejar la vivienda, se les ofrezca una alternativa. “A la calle no”, afirmó.
La familia ya entregó documentación a la abogada que los representa para acreditar que vive allí desde hace años. La primera notificación llegó en agosto y luego recibieron un cedulón con un plazo de 10 días hábiles para responder. “Ya lo contestamos, ya mandamos todo”, explicó. Por ahora, aseguró que no han recibido nuevas respuestas y esperan saber si serán reubicados, si recibirán algún tipo de ayuda o si deberán dejar el lugar sin una alternativa habitacional.
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