En su momento, la Intendencia de Rocha presentó un recurso ante la Dirección de Catastro y a raíz de las críticas hacia la decisión judicial, la SCJ inició una investigación administrativa.
Martínez fue trasladada al juzgado de paz de Aiguá, mientras que el nuevo titular del juzgado de La Paloma anuló su decisión en setiembre de 2009.
Según El País, el proceso terminó el lunes y Martínez fue notificada de la decisión de la Suprema Corte, que por unanimidad decidió destituirla por entender que incurrió en “irregularidades”.