La documentación judicial a la que accedió este medio permite reconstruir aspectos centrales de una fuga que ahora genera interrogantes sobre los controles dispuestos para la salida de un hombre condenado por delitos vinculados al narcotráfico.
La primera resolución fue adoptada el 24 de agosto de 2026 por la jueza Viviana Karina Barlocco Acosta.
Mediante el decreto Nº 3182/2026, la magistrada resolvió: “Autorízase la salida especial solicitada en los siguientes términos: 3/9 en el rango horario de 13:00 a 16:00 hs.”
Es decir, Rocha Sánchez quedó autorizado a abandonar temporalmente el establecimiento penitenciario durante tres horas el miércoles 3 de setiembre.
Pero la resolución incorporó además una condición relevante: debía utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico.
“Procédase a la aplicación de dispositivo de monitoreo electrónico”, establece expresamente el decreto judicial, que cita el artículo 288 bis del Código del Proceso Penal y el artículo 30 de la Ley Nº 19.889.
La jueza dispuso asimismo que el beneficio fuera concedido “bajo el régimen de tutela”. Es decir, por alguien que se responsabilice de su regreso al Penal. En este caso fue un familiar, su tío, que lo recogió en la cárcel de Las Rosas.
SUPUESTAMENTE IBA AL DENTISTA
El primer documento no establece el motivo de la salida especial. Ese dato aparece, sin embargo, en una segunda resolución judicial dictada una vez que la fuga ya había sido comunicada.
Allí queda consignado oficialmente que Rocha Sánchez se fugó mientras usufructuaba una salida al dentista bajo tutela.
De esta manera, la secuencia que surge de los documentos es clara: el hombre recibió autorización judicial para abandonar temporalmente Las Rosas el 3 de setiembre entre las 13:00 y las 16:00, debía hacerlo con monitoreo electrónico y bajo régimen de tutela, y la salida tenía como destino una consulta odontológica.
La cárcel comunicó la fuga y otra jueza ordenó su captura internacional
Una vez constatada la situación, el establecimiento penitenciario informó lo ocurrido a la Justicia.
Ese mismo 3 de setiembre, la jueza letrada de 2º Turno de Maldonado, Patricia Techera, dictó el decreto Nº 3328/2026.
La resolución señala textualmente:
“Atento a lo comunicado por el Establecimiento Carcelario, esto es fuga de la PPL de autos en oportunidad de usufructuar salida al dentista bajo tutela, se libra ORDEN DE DETENCIÓN Y CAPTURA INTERNACIONAL respecto de GIULIANO ROCHA SÁNCHEZ”.
La magistrada ordenó además que, una vez localizado, el prófugo sea reintegrado inmediatamente al centro de reclusión.
La disposición debía comunicarse, según estableció la propia resolución, “de forma urgente y sin más trámite”.
¿Cómo logró escapar pese a tener monitoreo electrónico?
La documentación abre ahora un punto central que deberá ser aclarado por las autoridades: cómo pudo concretarse la fuga si la resolución judicial había ordenado expresamente la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.
También resta conocer en qué momento las autoridades advirtieron que Rocha Sánchez se había apartado de las condiciones establecidas para la salida y qué ocurrió con el seguimiento de la tobillera.
Otro aspecto pendiente es determinar exactamente qué medidas implicaba el “régimen de tutela” dispuesto judicialmente.
Los decretos conocidos no establecen que el condenado debiera ser acompañado durante todo el recorrido por una custodia policial presencial. Por esa razón, con la documentación disponible no corresponde afirmar que la jueza haya ordenado una salida con escolta ni tampoco que haya dispuesto expresamente que el recluso pudiera trasladarse solo.
Ese punto deberá ser aclarado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y por las demás autoridades involucradas en la ejecución de la salida.
CONDENADO POR CAUSA VINCULADA AL NARCOTRÁFICO
Rocha Sánchez había sido detenido a fines del año pasado en el marco de la denominada Operación Babel, una investigación vinculada con actividades de narcotráfico.
De acuerdo con los antecedentes divulgados sobre el caso, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por delitos relacionados con asociación para delinquir, organización de actividades de narcotráfico, distribución de sustancias y lavado de activos.
También ha sido señalado como uno de los referentes de un clan delictivo con actividad en La Teja, Montevideo.
La primera resolución fue adoptada el 24 de agosto de 2026 por la jueza Viviana Karina Barlocco Acosta.
Mediante el decreto Nº 3182/2026, la magistrada resolvió: “Autorízase la salida especial solicitada en los siguientes términos: 3/9 en el rango horario de 13:00 a 16:00 hs.”
Es decir, Rocha Sánchez quedó autorizado a abandonar temporalmente el establecimiento penitenciario durante tres horas el miércoles 3 de setiembre.
Pero la resolución incorporó además una condición relevante: debía utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico.
“Procédase a la aplicación de dispositivo de monitoreo electrónico”, establece expresamente el decreto judicial, que cita el artículo 288 bis del Código del Proceso Penal y el artículo 30 de la Ley Nº 19.889.
La jueza dispuso asimismo que el beneficio fuera concedido “bajo el régimen de tutela”. Es decir, por alguien que se responsabilice de su regreso al Penal. En este caso fue un familiar, su tío, que lo recogió en la cárcel de Las Rosas.
SUPUESTAMENTE IBA AL DENTISTA
El primer documento no establece el motivo de la salida especial. Ese dato aparece, sin embargo, en una segunda resolución judicial dictada una vez que la fuga ya había sido comunicada.
Allí queda consignado oficialmente que Rocha Sánchez se fugó mientras usufructuaba una salida al dentista bajo tutela.
De esta manera, la secuencia que surge de los documentos es clara: el hombre recibió autorización judicial para abandonar temporalmente Las Rosas el 3 de setiembre entre las 13:00 y las 16:00, debía hacerlo con monitoreo electrónico y bajo régimen de tutela, y la salida tenía como destino una consulta odontológica.
La cárcel comunicó la fuga y otra jueza ordenó su captura internacional
Una vez constatada la situación, el establecimiento penitenciario informó lo ocurrido a la Justicia.
Ese mismo 3 de setiembre, la jueza letrada de 2º Turno de Maldonado, Patricia Techera, dictó el decreto Nº 3328/2026.
La resolución señala textualmente:
“Atento a lo comunicado por el Establecimiento Carcelario, esto es fuga de la PPL de autos en oportunidad de usufructuar salida al dentista bajo tutela, se libra ORDEN DE DETENCIÓN Y CAPTURA INTERNACIONAL respecto de GIULIANO ROCHA SÁNCHEZ”.
La magistrada ordenó además que, una vez localizado, el prófugo sea reintegrado inmediatamente al centro de reclusión.
La disposición debía comunicarse, según estableció la propia resolución, “de forma urgente y sin más trámite”.
¿Cómo logró escapar pese a tener monitoreo electrónico?
La documentación abre ahora un punto central que deberá ser aclarado por las autoridades: cómo pudo concretarse la fuga si la resolución judicial había ordenado expresamente la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.
También resta conocer en qué momento las autoridades advirtieron que Rocha Sánchez se había apartado de las condiciones establecidas para la salida y qué ocurrió con el seguimiento de la tobillera.
Otro aspecto pendiente es determinar exactamente qué medidas implicaba el “régimen de tutela” dispuesto judicialmente.
Los decretos conocidos no establecen que el condenado debiera ser acompañado durante todo el recorrido por una custodia policial presencial. Por esa razón, con la documentación disponible no corresponde afirmar que la jueza haya ordenado una salida con escolta ni tampoco que haya dispuesto expresamente que el recluso pudiera trasladarse solo.
Ese punto deberá ser aclarado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y por las demás autoridades involucradas en la ejecución de la salida.
CONDENADO POR CAUSA VINCULADA AL NARCOTRÁFICO
Rocha Sánchez había sido detenido a fines del año pasado en el marco de la denominada Operación Babel, una investigación vinculada con actividades de narcotráfico.
De acuerdo con los antecedentes divulgados sobre el caso, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por delitos relacionados con asociación para delinquir, organización de actividades de narcotráfico, distribución de sustancias y lavado de activos.
También ha sido señalado como uno de los referentes de un clan delictivo con actividad en La Teja, Montevideo.
