“NOS OPONEMOS TAMBIEN PARA MALDONADO”
“El Ministerio de Turismo dijo que se opone a tal tributo. Y lo que nosotros queremos decir es que, lo mismo que nos oponemos en Montevideo, también nos oponemos en Maldonado”, señaló.
El curul dijo que tiene “la total convicción” de que no se trata de una tasa, porque “no tiene nada que ver con un servicio que se le presta a una persona” Agregó que, hace años, el Tribunal de Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia “resolvieron que la llamada ‘tasa bromatológica’ era un impuesto”, al igual que “la tasa de alumbrado”.
Afirmó que, “la propuesta ‘tasa turística’ es, en realidad, un impuesto encubierto y, por lo tanto, es inconstitucional”.
Sostuvo, asimismo, que le parece “absolutamente negativo, para un lugar turístico como Maldonado, donde también se propuso esta tasa, “querer traer más turistas poniéndole impuestos… Nos parece una contradicción desde todo punto de vista” gravar una actividad que se quiere promover, apunó.
También reclamó que los juristas nacionalistas que se han pronunciado en contra de la propuesta de la Intendencia de Montevideo, tengan la misma postura respecto a Maldonado, para que no se vuelva a plantear la aplicación en el departamento. “Lo que criticamos de la Intendencia de Montevideo tampoco queremos que lo haga la Intendencia de Maldonado. Este es un aporte constructivo. Ninguna actividad económica se promueva poniéndole impuestos”, consideró.
ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS
Por otra parte, el edil recordó que hace dos años presentó “una ordenanza de un solo artículo” por la cual de facultaba “a los inspectores municipales que pudieran fiscalizar el cumplimiento de los espacios reservados para discapacitados en las grandes superficies y supermercados”.
Dijo que no se sabe por qué motivo el proyecto no se ha tratado. Reclamó que, si se encuentra en la Comisión de Nomenclatura, pase a la de Legislación y sea abordado a la brevedad, porque se han detentado varios incumplimientos. Además, negó que se requiera iniciativa privada para una normativa de este tipo, como se habría alegado, ya que no se afecta el derecho de propiedad. “Lo único que se quiere es que se pueda aplicar la ley en lugares privados”, como ocurre en otras ciudades del mundo, señaló.