En el Hotel Remanso de Punta del Este, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho (UdelaR), junto al Colegio de Abogados de Maldonado, llevó a cabo una jornada académica sobre victimología.
El encuentro buscó generar conciencia entre los operadores del sistema judicial acerca del tratamiento, las respuestas y las vías de reparación que se le brindan a quien sufre un delito.
Durante la actividad se señalaron las profundas carencias presupuestarias y operativas que arrastra el Estado. En ese contexto, se advirtió que las demandas civiles reparatorias suelen resultar ineficaces porque la mayoría de los victimarios no posee patrimonio ni recursos económicos con los cuales responder.
Asimismo, los especialistas enfatizaron que la complejidad para probar un hecho no depende necesariamente de su gravedad. Mientras que ciertos delitos graves pueden resolverse con facilidad, otros de menor entidad o de carácter económico enfrentan trabas severas, tales como la escasez de peritos en el Instituto Técnico Forense para investigar fraudes.
Esta dificultad práctica se suma a los complejos desafíos probatorios que también se presentan en casos de violencia doméstica y sexual.
Finalmente, al abordar el marco normativo, se sostuvo que el Código del Proceso Penal vigente ha quedado desvirtuado tras sucesivas reformas. Por ello, se planteó la necesidad de redactar un código completamente nuevo, elaborado de forma armónica por juristas independientes y sin recurrir a un aumento de las penas actuales.
El encuentro buscó generar conciencia entre los operadores del sistema judicial acerca del tratamiento, las respuestas y las vías de reparación que se le brindan a quien sufre un delito.
Durante la actividad se señalaron las profundas carencias presupuestarias y operativas que arrastra el Estado. En ese contexto, se advirtió que las demandas civiles reparatorias suelen resultar ineficaces porque la mayoría de los victimarios no posee patrimonio ni recursos económicos con los cuales responder.
Asimismo, los especialistas enfatizaron que la complejidad para probar un hecho no depende necesariamente de su gravedad. Mientras que ciertos delitos graves pueden resolverse con facilidad, otros de menor entidad o de carácter económico enfrentan trabas severas, tales como la escasez de peritos en el Instituto Técnico Forense para investigar fraudes.
Esta dificultad práctica se suma a los complejos desafíos probatorios que también se presentan en casos de violencia doméstica y sexual.
Finalmente, al abordar el marco normativo, se sostuvo que el Código del Proceso Penal vigente ha quedado desvirtuado tras sucesivas reformas. Por ello, se planteó la necesidad de redactar un código completamente nuevo, elaborado de forma armónica por juristas independientes y sin recurrir a un aumento de las penas actuales.
