El pasado viernes, Ripoll, excompañera de fórmula presidencial del blanco Álvaro Delgado, denunció que ella y su hija habían sido atacadas por internas del INAU. La exdirigente sindical vive al lado de un hogar del organismo en el barrio Bella Vista y ya había denunciado públicamente desórdenes en las inmediaciones de ese lugar, protagonizados por internas. En un video mostró además el momento de la agresión y cómo quedó tras los golpes.
Ahora, según comunicó este viernes la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno obtuvo la formalización de la investigación respecto de las tres adolescentes por la “presunta comisión de tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como dos delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambos en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autoras”.
“La resolución judicial dispuso la internación de las tres adolescentes en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de 30 días, computados desde el momento de sus respectivas detenciones. Para adoptar esta medida cautelar, se consideró la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos”, indica el comunicado.
Frente a esta resolución, la presidenta del INAU y el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la decisión judicial.
“En el día de hoy hemos recibido una muy triste noticia como integrantes del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Por una situación de público conocimiento, tres adolescentes han sido sancionadas con una medida cautelar que implica la privación de libertad por un plazo de 30 días”, comienza el comunicado.
“En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación; esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño. El sistema arrastra debilidades sobre las que estamos trabajando, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Pero los procesos de transformación institucional no se producen de manera automática. Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable. Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento”, agrega.
A modo de ver de los jerarcas, “la privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso” y ello “no es solamente una recomendación: es una exigencia jurídica respaldada en el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”: “La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración”.
El comunicado concluye con un llamado a “a todos los actores” a abordar este tema con “la responsabilidad institucional que amerita y privilegiando, como siempre debiera ser, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Ahora, según comunicó este viernes la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno obtuvo la formalización de la investigación respecto de las tres adolescentes por la “presunta comisión de tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como dos delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambos en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autoras”.
“La resolución judicial dispuso la internación de las tres adolescentes en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de 30 días, computados desde el momento de sus respectivas detenciones. Para adoptar esta medida cautelar, se consideró la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos”, indica el comunicado.
Frente a esta resolución, la presidenta del INAU y el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la decisión judicial.
“En el día de hoy hemos recibido una muy triste noticia como integrantes del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Por una situación de público conocimiento, tres adolescentes han sido sancionadas con una medida cautelar que implica la privación de libertad por un plazo de 30 días”, comienza el comunicado.
“En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación; esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño. El sistema arrastra debilidades sobre las que estamos trabajando, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Pero los procesos de transformación institucional no se producen de manera automática. Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable. Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento”, agrega.
A modo de ver de los jerarcas, “la privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso” y ello “no es solamente una recomendación: es una exigencia jurídica respaldada en el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”: “La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración”.
El comunicado concluye con un llamado a “a todos los actores” a abordar este tema con “la responsabilidad institucional que amerita y privilegiando, como siempre debiera ser, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Firma editorial:
Redacción FM GENTE
