Estarán a consideración 9 listas: 4 correspondientes al orden empresarial, 3 al orden pasivos y 2 para elegir el representante de los trabajadores activos.
Los empresarios podrán elegir entre estas listas: 21 que lleva como candidato a Graciela Álvarez; la 25 de Jorge Manuel Fernández Pereyro; la 27 encabezada por Bernardo Aldabalde; y la lista 30 de Daniel Añón.
Los pasivos pueden votar: la lista 1 encabezada por Estela Ovelar; la 2 de María Angela Pereira; o la lista 5 que lleva como candidato a Renaldo Alberto Borriero Montesinos.
Los trabajadores, podrán optar por la lista 11 encabezada por el actual representante en el directorio del BPS, Carlos Clavijo; o por la 15 que encabeza Lorena Paola Roqueta Aguirre.
El voto es secreto y de carácter obligatorio para todos los habilitados, estando exceptuados de la obligatoriedad los afiliados activos, pasivos o titulares de empresas unipersonales que sean mayores de 75 años.
Tampoco están obligados a sufragar, cualquiera sea su edad, quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad otorgadas por el Banco de Previsión Social.
Se elegirán los representantes de los afiliados activos, pasivos y de las empresas contribuyentes ante el directorio del Banco de Previsión Social, y por cada orden se elegirá un titular y 5 suplentes.
Quienes estén habilitados para votar en diferentes órdenes, deben hacerlo en cada uno de ellos. Por ejemplo, si una persona está habilitada como trabajadora y, además, recibe una pensión por parte del BPS, debe emitir dos votos: uno por el orden de afiliados activos y otro por el orden de afiliados pasivos.
Si esa persona votara para un solo orden, será pasible de una sanción económica por no haber votado en el otro orden en el que también le correspondía sufragar.
En los circuitos urbanos, solo podrán votar los electores que pertenezcan al circuito, mientras que en los rurales podrán hacerlo aquellos que no pertenezcan al mismo, siempre que su inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural del departamento y exhiban su credencial cívica.
Quienes se encuentren en situación de discapacidad motriz permanente o transitoria, y tengan que sufragar en un local o Comisión Receptora de Votos que no cuente con condiciones de accesibilidad, podrán hacerlo en un circuito declarado accesible que se encuentre dentro de la serie que le corresponde, y su voto será de carácter observado simple.
Las personas habilitadas que sin causas fundadas no voten, tendrán que pagar una multa, según el orden al que correspondan. Las sanciones económicas ascienden a los siguientes montos:
Afiliados activos:
1 UR (unidad reajustable). Si se trata de profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República o funcionarios públicos, la multa asciende a 2 UR (unidad reajustable).
Afiliados pasivos:
Deben pagar una multa de 1UR (unidad reajustable).
Empresas contribuyentes:
El monto depende del número de trabajadores que tienen en planilla:
$ 11.400 (6 UR) hasta diez trabajadores.
$ 22.800 (12 UR) entre once y cincuenta trabajadores.
$ 38.000 (20 UR) con más de cincuenta trabajadores.