El citado gasto, entre otros alquileres que pagaba en Maldonado, explicó en parte la decisión del Poder Judicial de construir, en un terreno de su propiedad el Centro de Justicia de Maldonado.
Sin embargo, la falta de presupuesto dejó sin efecto la construcción de la segunda parte del centro de justicia sobre la calle Zelmar Michelini.
La transacción entre las partes dejó sin efecto, por un lado, un juicio por desalojo iniciado por la empresa y por otro, los reclamos del Poder Judicial por el estado de conservación del edificio.
De acuerdo a ese borrador, la firma “sin reconocer la razón, ni pertenencia de realizar mejoras o mantenimiento de ninguna naturaleza en el inmueble referido, y a solos efectos de destrabar el desacuerdo entre las partes, se ofrece a realizar diversos arreglos y reparaciones en el local, haciendo una rebaja del 7 por ciento a contarse desde el inicio de las obras”.
Como contraparte, el Poder Judicial se comprometió a liberar todos los alquileres retenidos desde mayo del 2021 al mes correspondiente a la suscripción del acuerdo entre las dos partes.