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La directora de Jurídica de la intendencia de Maldonado, doctora María del Carmen Salazar, trajo al tapete un tema que supo generar grandes polémicas durante la administración anterior, y que está relacionado con las excepciones aprobadas a favor de varios emprendimientos edilicios.
La doctora Salazar, en el programa de FM GENTE “El Ojo en la Ciudad”, que respecto al edificio Delamar, ubicado sobre la margen Este del arroyo Maldonado, en La Barra, “hubo un informe del asesor letrado de la Junta (Departamental), diciendo la intendencia podía decirle perfectamente que no a todo el edificio, no solamente a los locales”. Acotó que desde el área jurídica del municipio, “analizamos seriamente el tema, porque no andamos con bolazos y haciendo cosas para la tribuna, sino que analizamos que cosas podemos hacer, sí o no, que no terminen luego en un juicio millonario contra la intendencia. Y nosotros lo que analizamos es que ya estaba, ya se había otorgado el permiso, entonces el edificio no lo podíamos tocar, más allá de que negociamos y logramos que bajaran un piso. Pero los locales comerciales como se había dado la permuta, entonces eso sí”.
La doctora Salazar agregó que el abogado de la Junta (Departamental) decía que “no, que nosotros podíamos decir que no, y que no se hiciera, y prohibir que se hiciera todo el edificio. Nosotros seriamente analizándolo desde el punto de vista jurídico, entendimos que si hacíamos eso, nos exponíamos a una demanda bastante millonaria. Y nos llegó la demanda por 7 millones de dólares, por no dejar hacer los locales, ¿y sabe quien es el abogado que la firma?, Gonzalo Aguirre; ¿y sabe quien es Gonzalo Aguirre?, es socio en el estudio jurídico del asesor de la Junta Departamental; o sea que si nosotros hubiéramos hecho caso de ese informe, hubiera arrojado una demanda que no hubiera sido por 7, hubiera sido por 70 millones de dólares”.

INMEDIATA RESPUESTA DE LOINAZ
Por su parte el doctor Miguel Loinaz, asesor jurídico de la Junta Departamental, realizó precisiones sobre el tema ante las manifestaciones publicas de la doctora Salazar, y explicó las consideraciones realizadas para las excepciones concedidas para la construcción del polémico edificio.
El profesional aclaró antes que nada que el es un técnico que no ocupa cargos por razones políticas, y que “nuestros informes no obligan a la Junta, quien resuelve es el cuerpo de la Junta y la Comisión correspondiente”.
Explicó que respecto a los locales comerciales del edificio Delamar, existe una ordenanza para esa zona, “q ue impide la posibilidad de que haya locales en ese lugar”.
Dijo que este tema no debía aclararse a través de la prensa, pero que ante las manifestaciones públicas de la doctora María del Carmen Salazar, realizó precisiones ante nuestra emisora. Dijo que ese tipo de temas, “los discutimos y lo evalúan nuestros pares, para evaluar seriamente si hay o nio responsabilidad en la actuaciñón de añlgún colega, ¿Por qué? Porque en la prensa se dicen cosas que al otro día nos las respalda más nadie”.
Reconoció que integra un estudio jurídico con más de 20 profesionales entre los que se encuentra el doctor Aguirre, pero que cada uno tiene independencia para actuar y lo que resuelva hacer. “En mi caso en la Junta, yo como técnico con más de 20 años en ella, creo que la norma que Maldonado resuelve para todos, debe ser aplicada por igual, no para unos sí y para otros por ser Delamar no. Y mi informe es exactamente en esa dirección, yo consideré que las excepciones, porque ese edificio salió bajo un régimen especial; luego se pidieron escepciones adicionales que no estaban dentro de las facultades que tenía, ni el Ejecutivo ni el Legislativo departamental para otorgarse, por lo tanto no debían ser otorgadas. Tan es así que la intendencia negoció un piso menos; no negoció un piso menos, no le dio el piso más que pedían que estaba fuera de la normativa originaria”.
Se preguntó finalmente el doctor Loinza, frente a eso “¿qué esperan que uno diga?, construya locales comerciales porque va a venir un juicio. Si la amenaza de que va a venir un juicio multi millonario hace que la intendencia ceda, lo que debe hacer es tomar profesionales competentes para que la defiendan como corresponde”.
Redactado: R.A.